El Gobierno nacional trabaja en un paquete de 15 cambios estructurales al sistema penal colombiano, según informó el ministro de Justicia, Iván Cancino. La iniciativa fue reportada por el Diario del Huila y apunta a modificar piezas centrales del funcionamiento de la justicia ordinaria en el país.
Entre los cambios anunciados aparece la eliminación de la audiencia de imputación, una de las etapas más conocidas del proceso penal colombiano, prevista en el Código de Procedimiento Penal. Esa audiencia es la diligencia en la que la Fiscalía formula verbalmente la imputación a un indiciado y le informa de los cargos que enfrenta. Suprimirla implica modificar el trámite desde la primera intervención formal del ente acusador frente al sospechoso.
La reforma también contempla una reorganización de los despachos judiciales, lo que apunta a revisar la distribución de competencias, la carga de trabajo y la estructura de los juzgados que conocen los procesos penales. Este tipo de reordenamientos suele discutirse en clave de descongestión y de respuesta más rápida a los ciudadanos.
El paquete incluye, además, nuevas medidas para fortalecer la investigación criminal, área que en Colombia concentra buena parte del debate sobre la capacidad del Estado para esclarecer delitos. El anuncio se complementa con acciones para reforzar la atención a las víctimas, un componente que distintos gobiernos han intentado robustecer mediante unidades, rutas de atención y reglas de priorización dentro de los procesos.
El Ministerio de Justicia, cartera a cargo del exdefensor Iván Cancino, es la entidad que históricamente formula los proyectos de ley y los actos legislativos en materia penal, así como los códigos que regulan la actuación de jueces, fiscales y defensores. Por eso este tipo de paquetes suelen convertirse en proyectos que el Ejecutivo envía al Congreso para su trámite, aunque la nota del Diario del Huila no precisa aún la ruta legislativa que seguirá la iniciativa.
En los últimos años, la justicia penal colombiana ha enfrentado cuestionamientos por la congestión de despachos, la mora en los procesos y los límites que distintos sectores han señalado en la etapa de investigación. Cualquier reforma a la imputación o a la organización de los juzgados se inscribe en ese debate, que involucra a la Fiscalía, la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio Público.
Para la ciudadanía, el alcance práctico de los 15 cambios propuestos dependerá del detalle de cada modificación. Medidas como la eliminación de la audiencia de imputación pueden alterar los tiempos del proceso y los derechos de defensa, mientras que la reorganización de despachos puede modificar los jueces que conocen los casos y la manera en que se asignan los expedientes.
Las víctimas, por su parte, resultan afectadas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que el propio Código de Procedimiento Penal desarrolla. Por eso las nuevas disposiciones anunciadas para fortalecer la investigación criminal y la atención a víctimas suelen discutirse de la mano con los organismos que las representan y con la Defensoría del Pueblo.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado el texto articulado de los 15 cambios ni la fecha en que se radicarán ante el Congreso. El siguiente paso esperado es la presentación formal del proyecto o del paquete de decretos, según corresponda, junto con la exposición de motivos que explique cada una de las modificaciones estructurales al sistema penal colombiano.
La iniciativa, reportada por el Diario del Huila, marca la primera señal de una agenda de justicia penal para el mandato de Abelardo de la Espriella y deja abierta la discusión sobre el equilibrio entre la eficiencia del sistema, las garantías de los procesados y los derechos de las víctimas, que son los tres ejes sobre los que suele girar cualquier reforma de este tipo en Colombia.