El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se encuentra en la fase de elaboración de un marco normativo dirigido a regular los procedimientos que deben seguir las autoridades durante las jornadas de protesta en el país. El anuncio fue reportado por Diario La Libertad, que identificó la iniciativa como parte de la agenda legislativa y regulatoria del Ejecutivo.
La propuesta se enfoca en establecer criterios uniformes para la actuación de la fuerza pública y de las entidades territoriales cuando se desarrollan manifestaciones públicas. Aunque el extracto disponible no detalla el articulado, la intención declarada es fijar un protocolo que reduzca la dispersión de criterios que, en distintos episodios, han marcado el manejo de las marchas en años recientes.
Colombia ha vivido ciclos recurrentes de movilización social desde 2019, año del paro nacional que dio paso a un debate extendido sobre los protocolos de acompañamiento policial, el uso de la fuerza y los límites a la protesta pacífica. Distintos gobiernos han intentado, desde entonces, actualizar los lineamientos internos de la Policía y formular proyectos de ley que no han logrado consenso en el Congreso.
En ese contexto, la administración De La Espriella plantea una nueva arquitectura regulatoria. El diseño de estos marcos suele involucrar al Ministerio del Interior, a la cartera de Defensa y a la Policía Nacional, y puede traducirse en un decreto, una directiva ministerial o un proyecto de ley, dependiendo del alcance que se le imprima.
Para la ciudadanía, una norma de este tipo tiene implicaciones directas en tres frentes: los derechos de quienes se manifiestan, las garantías de quienes no participan en las marchas y los deberes de los uniformados que intervienen en el control de las multitudes. El equilibrio entre la protesta como derecho constitucional y la preservación del orden público ha sido uno de los puntos de mayor tensión política en la región.
Organizaciones de derechos humanos y plataformas ciudadanas suelen pedir que cualquier nuevo protocolo incorpore estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, rendición de cuentas y atención a personas heridas. El sector comercial, por su parte, ha reclamado en distintas coyunturas reglas que reduzcan los efectos de bloqueos y vandalismo sobre la actividad económica.
Hasta el momento, el Gobierno no ha precisado la fecha en que el texto sería presentado ni si el camino será un decreto presidencial o un trámite legislativo. Esa decisión resulta clave, porque un decreto tiene vigencia inmediata pero enfrenta límites frente a materias reservadas a la ley, mientras que un proyecto de ley requiere debate en el Congreso y un proceso de conciliación.
Queda pendiente conocer el contenido específico del borrador, los plazos de consulta con sectores sociales y políticos, y la respuesta de las cortes y organismos de control frente al texto final. La manera en que se surtan esos pasos marcará el alcance real de la nueva regulación sobre las protestas en Colombia.