El Ministerio de Vivienda anunció una transformación del programa Mi Casa Ya, que ahora se llamará Mi Casa Milagro. Según la información publicada por Infobae, la decisión responde al sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto y que dejó daños en cientos de municipios.
Con el cambio, los recursos habitacionales se concentrarán en 498 municipios de 16 departamentos donde las familias perdieron sus viviendas o sufrieron afectaciones estructurales. Esa focalización implica que miles de hogares que estaban inscritos en Mi Casa Ya, pero que no están en las zonas del desastre, dejarán de recibir el subsidio.
Mi Casa Ya era el programa bandera del Gobierno para facilitar la compra de vivienda nueva a familias de ingresos medios y bajos, mediante un subsidio que se sumaba al crédito hipotecario. Su cobertura abarcaba buena parte del territorio nacional y beneficiaba a hogares en ciudades intermedias y grandes capitales.
La transición hacia Mi Casa Milagro redefine el objetivo del subsidio: en lugar de atender la demanda nacional de vivienda, la meta inmediata es reconstruir las casas destruidas por el movimiento telúrico en las zonas más afectadas. Para las familias damnificadas esto significa una respuesta directa del Estado para volver a tener un techo.
Para quienes estaban en lista de espera fuera de esas zonas el panorama es distinto. Hogares que planeaban el cierre financiero de su vivienda con el aporte del programa deberán buscar otras alternativas, lo que ha generado incertidumbre entre compradores, constructores y entidades financieras que tenían previstas entregas con ese apoyo.
El Ministerio de Vivienda no ha detallado, en la información difundida por Infobae, cuántas familias quedan excluidas ni qué pasará con los compromisos ya adquiridos. Tampoco se conoce el monto total que se reasignará ni los criterios de priorización dentro de los 498 municipios priorizados.
La decisión llega en un momento en el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella debe atender dos frentes simultáneos: la reconstrucción tras la emergencia y la política habitacional de largo plazo. La discusión que se abre es cómo se equilibra la atención a los damnificados con la demanda estructural de vivienda que ya existía en el país.
En las próximas semanas se esperan anuncios sobre los plazos de transición, la atención de los hogares inscritos antes del cambio y los mecanismos de focalización en los municipios incluidos. Las alcaldías y gobernaciones de los 16 departamentos serán actores clave para levantar los censos de damnificados y canalizar los subsidios.