El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella afirmó que no reglamentará la modalidad de trabajo por horas en Colombia, según reportó el medio Infobae. La decisión marca un giro en la discusión sobre la flexibilidad laboral que se había abierto en el país en los últimos meses.
La figura del trabajo por horas fue una de las propuestas discutidas durante la administración anterior como parte de los debates sobre la reforma laboral. Su reglamentación habría permitido pactar jornadas más cortas con un pago proporcional, con el argumento de facilitar el acceso al mercado formal para poblaciones con menos experiencia o con cargas de cuidado.
Distintos sectores laborales y académicos habían planteado reparos a esa modalidad. Las centrales obreras y algunos abogados laboralistas señalaban que una jornada fraccionada sin reglas claras podía terminar afectando los ingresos de los trabajadores y debilitando la estabilidad de los contratos formales.
Tras el pronunciamiento del Gobierno de De la Espriella, el ministro de Trabajo saliente del gobierno de Gustavo Petro indicó que se debe hacer un seguimiento a la decisión, con el propósito de defender los derechos del pueblo trabajador. El pedido fue interpretado como un llamado de alerta frente a los efectos que, a su juicio, tendría la no implementación de la reglamentación.
El contraste entre ambas posiciones refleja la discusión de fondo que ha atravesado la política laboral en Colombia: cómo aumentar la formalización sin reducir las garantías ya conquistadas por los trabajadores. La tasa de informalidad, que supera la mitad de la población ocupada, ha sido el principal argumento para quienes defienden esquemas flexibles.
En la práctica, la decisión del nuevo Gobierno deja en suspenso la posibilidad de que empresas y trabajadores acuerden jornadas inferiores a la legal mediante contratos por horas. Hasta ahora, la jornada ordinaria en Colombia se rige por los límites establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, con un máximo legal de 8 horas diarias y 48 semanales.
El pedido de seguimiento formulado por el exministro de Trabajo deja abierta la puerta a pronunciamientos futuros de organizaciones sindicales y de veedurías ciudadanas. Sectores como la CGT, la CUT y la CTC suelen pronunciarse cuando se discuten cambios en la jornada o en la remuneración.
Queda por conocer si el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda o la cartera de Trabajo expedirán algún concepto oficial que amplíe los alcances de la decisión. También se espera la reacción de gremios como la ANDI, Fenalco y las cámaras de comercio, que en debates anteriores pidieron herramientas para contratar personal por períodos cortos.
Por ahora, el Gobierno de De la Espriella fija una postura clara al cierre del debate inmediato sobre el trabajo por horas, y deja la discusión en manos del Congreso, de los tribunales laborales y de la negociación entre empleadores y trabajadores.