El proyecto de presupuesto para 2027 que se discute en el Congreso incluye un recorte a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) superior al que se había contemplado inicialmente. De acuerdo con la ponencia para primer debate, el ajuste llegaría a los $170.000 millones, distribuidos entre funcionamiento e inversión del tribunal transitorio, según reportó Infobae.
El desglose del recorte señala una disminución de $30.000 millones en los gastos de funcionamiento y de $140.000 millones en el componente de inversión. El documento radicado ante la Comisión Tercera o ante la Comisión Cuarta, encargada del presupuesto, asegura que, pese a la reducción, se conservarán los recursos necesarios para que la JEP cumpla sus funciones misionales durante la siguiente vigencia fiscal.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su mandato incluye investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, además de ofrecer reparaciones a las víctimas y contribuir a la construcción de verdad.
El funcionamiento de la jurisdicción depende de recursos tanto para el pago de nómina de magistrados y funcionarios como para la inversión en sistemas de gestión documental, infraestructura tecnológica y peritajes. Un recorte del componente de inversión suele impactar proyectos específicos sin afectar de inmediato los gastos de personal, aunque puede limitar la capacidad operativa futura.
El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, ha enmarcado sus ajustes presupuestales en el marco de la disciplina fiscal. La reducción a la JEP se suma a una serie de modificaciones al presupuesto de entidades públicas que se tramitan en el Legislativo dentro del debate de la ley de apropiaciones para 2027.
Sectores defensores del Acuerdo de Paz y organizaciones de víctimas suelen expresar preocupación por cualquier disminución presupuestal a la JEP, al considerar que puede retrasar los procesos abiertos. Los argumentos del Ejecutivo, en cambio, suelen centrarse en la necesidad de priorizar el gasto en sectores sociales y en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La ponencia para primer debate es solo el punto de partida del trámite legislativo. El texto puede sufrir modificaciones en las comisiones económicas y en las plenarias de Senado y Cámara antes de convertirse en ley. Las reducciones propuestas, y su monto definitivo, dependerán de las negociaciones entre el Gobierno y los congresistas durante las próximas semanas.
Queda pendiente conocer las observaciones oficiales del Ministerio de Hacienda y de la propia JEP frente al recorte planteado. También se espera el pronunciamiento de la Comisión de Paz de ambas cámaras y de las organizaciones de víctimas que participan como intervinientes especiales en los procesos que adelanta el tribunal.