Según el reporte publicado por Infobae, fuentes diplomáticas con presencia en La Haya afirmaron que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estaría analizando la posibilidad de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI). El mecanismo para hacerlo es la denuncia del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, que en su artículo 127 establece las condiciones para que un país se desvinculé.
El reporte, replicado por Infobae, aclara que por ahora no existe una confirmación oficial desde Bogotá sobre el inicio del procedimiento. La sola exploración de esta opción ha llamado la atención porque Colombia fue uno de los primeros países de la región en respaldar la creación de la CPI, en el año 2002, y desde entonces ha mantenido una participación activa en los debates internacionales sobre justicia transicional y derechos humanos.
La Corte Penal Internacional fue creada en 1998 y empezó a funcionar en 2002 con el objetivo de juzgar a personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión, cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Colombia es Estado parte del Estatuto de Roma, lo que significa que reconoce la jurisdicción del tribunal para investigar y juzgar esos crímenes, incluidos los que pudieran ocurrir en territorio colombiano.
En el contexto interno colombiano, la eventual salida de la CPI tendría implicaciones directas para los procesos de justicia transicional, un tema especialmente sensible después de los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno colombiano y las extintas FARC-EP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras esos acuerdos, ha trabajado de manera complementaria con mecanismos internacionales, entre ellos la propia CPI, que ha seguido de cerca casos relacionados con el conflicto armado interno.
Para la ciudadanía, el debate gira en torno a qué garantías permanecerían para la investigación y el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos si Colombia dejara de estar bajo la jurisdicción de la CPI. Organizaciones de víctimas y de derechos humanos suelen considerar al tribunal internacional como un respaldo externo frente a posibles limitaciones del sistema judicial interno. Gobiernos y sectores que cuestionan al tribunal argumentan, por el contrario, que la soberanía judicial nacional debe prevalecer.
En el plano diplomático, un retiro de la CPI alejaría a Colombia del grupo de países que defienden la justicia internacional y podría modificar su perfil en foros multilaterales como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde periódicamente se discute el funcionamiento del tribunal. Otros Estados, entre ellos varios de África y Asia, han anunciado retiros o amenazas de retiro en los últimos años, lo que ha generado preocupación por el debilitamiento del sistema de justicia penal internacional.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la denuncia del Estatuto de Roma no es inmediata. Una vez notificada, surte efecto un año después, según lo establece el propio tratado. Durante ese periodo, la CPI conserva su competencia sobre los hechos que hayan ocurrido mientras el país era parte. Eso significa que cualquier investigación abierta o que se abra sobre hechos previos al retiro podría continuar tramitándose por el tribunal.
Por ahora, la información disponible se limita al reporte periodístico de Infobae, basado en fuentes en La Haya. No se conoce un pronunciamiento oficial del gobierno colombiano, ni del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni de la Casa de Nariño que confirme el inicio de un proceso formal de retiro. Queda por ver si en los próximos días el Ejecutivo emite un comunicado, convoca a una rueda de prensa o guarda silencio sobre el tema, y si el Congreso de la República, las altas cortes o los organismos de control fijan posición sobre un eventual paso de esa naturaleza.