El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso fin a las mesas de diálogo que se adelantaban con Comuneros del Sur, una de las estructuras que participaba en conversaciones con el Estado colombiano. Según informó Diario Occidente, la decisión se oficializó a través de resoluciones administrativas que revocan la designación de los delegados que representaban al Gobierno en esas instancias durante la administración anterior.
Comuneros del Sur es una organización que agrupa a comunidades y voceros del suroccidente colombiano y que había sido incorporada a procesos de conversación en el marco de la política de paz total impulsada por el Ejecutivo previo. La figura de los delegados es clave en estos esquemas: son los funcionarios designados para hablar en nombre del Gobierno y, en la práctica, quienes sostienen la interlocución cotidiana con los voceros de cada proceso.
La revocatoria de esos delegados, concretada por resoluciones firmadas por el actual Gobierno, implica en los hechos el cierre de las mesas tal como estaban funcionando. Sin interlocutores oficiales del Ejecutivo habilitados, el espacio queda sin contraparte del Estado, lo que en la práctica congela o termina la conversación según cómo lo interpreten las partes.
El contexto inmediato es el cambio de administración. La era de Gustavo Petro había promovido una estrategia de diálogos simultáneos con múltiples estructuras armadas y organizaciones sociales, incluyendo a Comuneros del Sur. La llegada de un nuevo gobierno suele traer una revisión de esos procesos, y las resoluciones conocidas hoy son una señal clara de la postura del nuevo Ejecutivo frente a esa mesa específica.
Para las comunidades involucradas en los territorios donde Comuneros del Sur tiene presencia, la decisión tiene implicaciones directas. Estos procesos suelen incluir compromisos sobre protección, participación y proyectos en zonas afectadas por el conflicto, por lo que su interrupción deja en suspenso acuerdos en curso y abre interrogantes sobre cómo se atenderán esas regiones mientras no haya un canal formal de conversación.
En el plano institucional, la movida también redefine el mapa de los procesos de paz vigentes. Colombia ha sostenido en los últimos años distintas mesas con grupos armados y organizaciones sociales, cada una con su propio delegado, su propia agenda y su propia dinámica. El cierre de una de esas mesas reduce ese entramado y obliga a las demás partes a recalcular sus expectativas sobre la continuidad de las conversaciones.
Desde el punto de vista político, la medida es coherente con un cambio de ciclo. El nuevo Ejecutivo había anunciado su intención de revisar la política de paz total y de evaluar caso por caso los procesos abiertos. La decisión con Comuneros del Sur, reportada por Diario Occidente, se convierte así en una de las primeras señales concretas de esa revisión sobre el terreno, con un mecanismo administrativo específico: la revocatoria de los delegados.
Quedan varias preguntas abiertas. Por un lado, si el cierre es definitivo o si el Gobierno abrirá una nueva mesa con condiciones distintas. Por otro, qué pasará con los compromisos adquiridos y con los delegados de otros procesos, que podrían verse afectados por decisiones similares. Y, sobre todo, cuál será la política de seguridad y de presencia estatal en los territorios donde actuaba esta interlocución.
La fuente consultada para esta nota es el Diario Occidente, que reportó el cierre de las mesas y la expedición de las resoluciones que revocan a los delegados de la era Petro. Cualquier ampliación oficial sobre los alcances de la decisión deberá provenir de los comunicados del Gobierno nacional o del propio Diario Occidente.