El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la resolución que desde 2015 mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos en Colombia, según informó la agencia ABC Economía. La medida elimina el freno administrativo que impedía reanudar las fumigaciones, pero no implica un retorno inmediato de los operativos en el terreno.
El Consejo Nacional de Estupefacientes es el organismo encargado de coordinar la política del Estado frente al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito. Está integrado por varias entidades del Gobierno nacional y tiene entre sus funciones definir los lineamientos sobre los cuales se ejecutan los programas de erradicación. Su decisión se inscribe en el debate de largo aliento sobre la estrategia más eficaz para reducir las hectáreas sembradas con coca y otras plantas prohibidas.
La resolución derogada había sido expedida en 2015, tras la suspensión ordenada por la Corte Constitucional en una sentencia que condicionó la aspersión al cumplimiento de requisitos ambientales y de salud, en particular la protección de las comunidades en las zonas de fumigación. Desde entonces, la política antinarcóticos se apoyó de manera creciente en la erradicación manual, tanto por parte de las Fuerzas Militares como de grupos de civiles contratados para esa labor.
En la práctica, la derogación no significa que los aviones regresen de inmediato a las zonas cocaleras. El propio Consejo aclaró que la reanudación de las fumigaciones dependerá de pasos adicionales, entre ellos la actualización del protocolo de fumigación, la verificación de condiciones en los territorios y la articulación con las autoridades ambientales. Mientras esos requisitos no se cumplan, los operativos de aspersión aérea seguirán paralizados.
La decisión genera expectativas en los sectores que defienden la aspersión como herramienta eficaz para reducir los cultivos, y preocupación entre quienes cuestionan los efectos del glifosato sobre la salud y el medio ambiente. Organizaciones sociales, comunidades campesinas y entidades territoriales han expresado en distintos momentos reparos frente al uso de este herbicida, mientras que gremios y voceros de seguridad han pedido reactivar la herramienta como complemento de la erradicación manual.
Para los ciudadanos de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos, la novedad implica un cambio en el marco normativo, pero todavía no se traducen en acciones visibles en su territorio. La política de drogas tiene efectos directos sobre la seguridad, la economía local y el medio ambiente en departamentos como Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño y Norte de Santander, donde la presencia de cultivos ilícitos es más alta.
El paso dado por el Consejo deja abierta la pregunta sobre cómo se articulará la aspersión aérea con los programas de erradicación manual que se han desarrollado en los últimos años. También queda pendiente la definición de los criterios técnicos y ambientales que se exigirán para que una eventual reanudación cumpla con los estándares fijados por la Corte Constitucional. Hasta tanto eso ocurra, el cambio queda en el papel y las fumigaciones siguen sin ejecutarse.
La derogación marca un giro en la política antinarcóticos del Gobierno de Abelardo De La Espriella y reordena el debate sobre los instrumentos del Estado frente a los cultivos de uso ilícito. Ahora, las decisiones operativas y regulatorias que adopte el propio Consejo, en coordinación con los ministerios competentes, determinarán si la aspersión aérea vuelve a convertirse en una herramienta activa o si queda únicamente como una posibilidad abierta en el ordenamiento jurídico.