El Gobierno de Abelardo De La Espriella derogó la resolución que mantenía prohibida la aspersión con glifosato en el territorio colombiano. Así lo reportó la Agencia de Periodismo Investigativo, que publicó el decreto con el cual se levanta esa restricción. La decisión marca un giro en la política de control de cultivos ilícitos que el país había consolidado en los últimos años.
La resolución derogada había sido expedida en el marco de la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato, una práctica que Colombia abandonó de manera progresiva por razones ambientales, de salud pública y de relacionamiento internacional. La Corte Constitucional y distintos organismos de control habían acompañado esa transición hacia estrategias de erradicación manual y programas de sustitución voluntaria de cultivos.
Con la expedición del nuevo decreto, el Gobierno reabre formalmente la puerta al uso del herbicida. Sin embargo, la Agencia de Periodismo Investigativo aclara que la reanudación de las aspersiones no será automática. El texto deja en manos de las autoridades competentes la definición de los protocolos, las zonas donde podría aplicarse y los mecanismos de control ambiental y sanitario que deben cumplirse antes de cualquier fumigación.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro cuyo uso en la erradicación de cultivos de uso ilícito ha sido objeto de debate en Colombia y en el mundo. Organizaciones ambientales y comunidades campesinas han señalado riesgos para la salud humana, los suelos y las fuentes de agua. Al mismo tiempo, sectores de seguridad han argumentado que la suspensión de las aspersiones redujo la capacidad del Estado para afectar la producción de drogas en zonas de difícil acceso.
La derogatoria de la resolución implica que el marco normativo anterior pierde vigencia, pero no restablece por sí sola las operaciones de aspersión. Para que las fumigaciones se reanuden será necesario expedir los reglamentos técnicos, coordinar con las entidades territoriales y cumplir los estándares que fijen los ministerios de Salud, Ambiente y Defensa, entre otros. Hasta que esos pasos se surtan, la aspersión con glifosato seguirá sin ejecutarse en el país.
La decisión se conoce en un momento en el que el Gobierno de De La Espriella ha planteado reforzar las estrategias contra el narcotráfico y la presencia de grupos armados que financian sus actividades con cultivos ilícitos. Sectores rurales y organizaciones de productores han pedido que cualquier nueva fase de aspersiones incluya garantías de no afectación a cultivos lícitos y a comunidades que no están vinculadas a economías ilegales.
En el plano internacional, Colombia deberá mantener los compromisos asumidos en materia ambiental y de derechos humanos. Cualquier regreso de las fumigaciones aéreas será observado por la comunidad científica, por los socios comerciales del país y por los organismos de derechos humanos que han documentado los efectos del glifosato en otras regiones. La transparencia sobre los criterios técnicos que sustenten la decisión será determinante para la legitimidad del proceso.
Por ahora, el decreto deja en suspenso el debate sobre si las aspersiones vuelven al país y bajo qué condiciones. La ciudadanía, los gremios agrarios y las autoridades locales esperan conocer los lineamientos específicos antes de pronunciarse de fondo. Lo que resulta claro, según la fuente, es que el camino legal para retomar la aspersión con glifosato vuelve a estar abierto.