El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ‘Ley Antitrámites’, con el lema “Menos vueltas, menos papeles”, según reportó Infobae. La iniciativa apunta a reorganizar la manera como ciudadanos y empresas se relacionan con las entidades públicas, un terreno en el que la congestión administrativa es una queja recurrente.
El corazón de la propuesta es el intercambio de información ya registrada. En la práctica, los ciudadanos y empresarios no deberían volver a aportar documentos o datos que ya reposan en bases oficiales. La idea es que las entidades estatales consulten entre sí esa información en lugar de exigirla al usuario en cada ventanilla.
El proyecto también pretende establecer plazos obligatorios para los trámites urbanísticos, un sector donde la mora de las curadurías y las oficinas de planeación municipal suele ser determinante para el inicio de obras. Al fijar tiempos concretos, la iniciativa condiciona la actuación de la administración y le pone un reloj a cada solicitud.
Como contrapeso a la lentitud, el texto contempla la aplicación del silencio administrativo positivo. Esa figura implica que, si la autoridad no responde dentro del plazo previsto por la ley, el trámite se entiende aprobado. Se trata de un cambio de lógica frente a la regla general, en la que el silencio de la administración suele equivaler a una negativa.
La ‘Ley Antitrámites’ llega al Congreso en un contexto marcado por el debate sobre la competitividad del país y los costos que implica la tramitología para abrir y mantener un negocio. Organizaciones gremiales y académicos llevan años señalando que la carga burocrática golpea con más fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, que carecen de equipos legales para navegar los procedimientos.
Para el ciudadano del común, el impacto potencial se mide en horas y desplazamientos. Permisos de construcción, licencias de funcionamiento, registros sanitarios y autorizaciones ambientales suelen exigir varios pasos, varias entidades y varias copias del mismo documento. Si el proyecto avanza como propone, buena parte de esa carga se trasladaría a los sistemas de información del Estado.
En el trámite legislativo, el texto ahora será discutido en comisiones y plenarias de Senado y Cámara. El gobierno tendrá que negociar con las bancadas los ajustes al articulado, en particular los alcances del silencio administrativo positivo, que históricamente ha generado resistencia en sectores que argumentan riesgos de aprobación automática de solicitudes incompletas.
Quedan pendientes varios puntos clave: el cronograma de reglamentación una vez la ley sea aprobada, los sistemas tecnológicos que deberán interoperar para intercambiar datos y los indicadores con los que se medirá si efectivamente se reduce el tiempo de los trámites. Sobre estos puntos se pronunciará el Congreso durante el debate.