El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella decidió frenar el Registro Universal de Inclusión (RUI) y retomar al Sisbén como mecanismo principal para identificar a la población beneficiaria de los subsidios que entrega el Estado, según informó redmas.com.co. Con la medida, el puntaje y la clasificación por grupo vuelven a ser los criterios que determinan el acceso a los programas sociales.
El Sisbén es una herramienta del Departamento Nacional de Planeación que, durante décadas, clasificó a los hogares colombianos según sus condiciones socioeconómicas. Con esa información, distintas dependencias del Estado asignaban subsidios en salud, educación, vivienda y ayudas económicas. El RUI había sido concebido como una evolución de ese sistema, con la promesa de integrar en una sola base de datos la información de los distintos programas sociales.
Con la suspensión del RUI, el gobierno regresa al esquema conocido y ya instalado en los municipios del país. Las alcaldías y las entidades territoriales vuelven a depender de las encuestas del Sisbén para identificar a los hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad. Para los ciudadanos, esto significa que el trámite de encuesta y actualización de datos vuelve a ser el paso necesario para acceder a los beneficios.
La decisión tiene implicaciones directas sobre la cobertura de los subsidios. Las personas que ya habían sido registradas en el RUI deberán ser incorporadas o reconfirmadas en el Sisbén, según los plazos que defina Planeación. Quienes nunca fueron encuestados o cuya información quedó desactualizada pueden quedar por fuera de los programas hasta completar el proceso.
La medida también reabre un debate técnico entre quienes defienden el Sisbén por su arraigo territorial y su conocimiento en los municipios, y quienes promueven el RUI por su capacidad de cruzar bases de datos y reducir la fragmentación de los registros. Hasta ahora, el gobierno no ha anunciado un reemplazo intermedio, lo que deja en pie la discusión sobre cómo modernizar la focalización sin afectar a los beneficiarios actuales.
Para los hogares vulnerables, el efecto inmediato es operativo: deben verificar su clasificación vigente y, si requieren actualización, solicitar una nueva encuesta ante la oficina del Sisbén en su municipio. Las personas que pertenecen a grupos poblaciones específicos, como víctimas del conflicto, adultos mayores o personas con discapacidad, deben revisar si su condición ya está registrada, pues eso puede modificar el puntaje.
En materia institucional, la transición implica que las entidades que operan los subsidios deberán ajustar sus sistemas de consulta y validación. Ministerios como Salud, Educación y Vivienda, así como Prosperidad Social, reciben buena parte de su listado de beneficiarios del Sisbén. Volver al esquema anterior exige alinear de nuevo los flujos de información entre Planeación y cada una de esas entidades.
La reacción de analistas y organizaciones sociales ha sido diversa. Algunos consideran que la suspensión del RUI protege a los municipios que aún no estaban preparados para el cambio y evita vacíos en la cobertura. Otros cuestionan que se abandone un registro unificado y alertan sobre el riesgo de duplicidades y filtraciones que históricamente ha tenido el Sisbén. El gobierno, por ahora, se limita a confirmar la decisión sin detallar un calendario de transición.
Queda por definirse cuánto tiempo convivirán ambos sistemas y bajo qué reglas se migrarán los datos del RUI al Sisbén. También está pendiente un pronunciamiento oficial sobre los hogares que ya recibían subsidios con base en el RUI: si conservarán su condición de beneficiarios mientras se actualiza su información en el Sisbén, o si deberán pasar por un nuevo proceso de clasificación.