El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ordenó retener de manera temporal un giro por 38.724 millones de pesos que iba dirigido a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La orden se sustenta en los resultados de una revisión que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud, según reportó Infobae.
La Supersalud detectó inconsistencias en la forma como varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado reportaron sus obligaciones con la red de prestadores y proveedores. Por esa razón, la medida preventiva mantiene excluidos temporalmente a 26 prestadores y proveedores mientras se verifica la existencia, consistencia y trazabilidad de los compromisos pendientes de pago.
La Adres es la entidad encargada de administrar y dispersar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluidos los aportes del régimen contributivo y los fondos del régimen subsidiado que financian la atención de la población más vulnerable. Un giro de esta magnitud representa una parte significativa del flujo mensual que mueve la entidad para garantizar pagos a clínicas, hospitales y proveedores de insumos en todo el país.
El régimen subsidiado cubre a las personas que no tienen capacidad de pago para afiliarse al sistema contributivo, por lo que cualquier interrupción en la cadena de pagos puede afectar la prestación de servicios en territorios donde la red pública y privada depende en gran medida de los giros de la Adres para mantener su operación cotidiana.
Al aplicar la medida, el Gobierno busca que los recursos lleguen únicamente a prestadores y proveedores cuya deuda y facturación estén plenamente acreditadas. La exclusión temporal funciona como un filtro: los 26 prestadores y proveedores señalados no recibirán los giros hasta que la Supersalud concluya la verificación y aclare el origen y destino de las obligaciones reportadas por las EPS.
La Supersalud ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre los actores del sistema de salud, incluidas las EPS, los prestadores de servicios y los proveedores. Dentro de sus competencias está la de revisar la consistencia de la deuda que las entidades reportan, en especial en contextos donde se han conocido casos de giros con base en acreencias inexistentes o mal calculadas.
El anuncio se produce en medio de la atención que el Gobierno ha puesto sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud, donde persisten alertas por la acumulación de cartera entre EPS, IPS y proveedores. Frenar giros cuestionados es una herramienta que las autoridades suelen utilizar para evitar que recursos públicos terminen pagando obligaciones que no han sido plenamente verificadas.
Según la información publicada por Infobae, la medida es preventiva y de carácter temporal, lo que significa que podría levantarse o ampliarse dependiendo de los resultados de la verificación que adelante la Supersalud sobre cada uno de los 26 prestadores y proveedores excluidos. El proceso incluye revisar la trazabilidad de las obligaciones, es decir, comprobar que cada factura o cuenta corresponda a servicios realmente prestados.
Por ahora, las EPS involucradas deberán responder por la consistencia de sus reportes y, si las inconsistencias se confirman, las autoridades competentes podrían abrir investigaciones adicionales. El Gobierno no ha detallado públicamente si habrá sanciones inmediatas, pero el mensaje implícito es que los recursos del sistema de salud no se transferirán mientras subsistan dudas sobre su correcta destinación.
Queda pendiente conocer el resultado de la verificación de la Supersalud, cuántos de los 26 prestadores y proveedores acreditan sus obligaciones y qué pasa con los giros no realizados durante este periodo. Las entidades afectadas y los usuarios del régimen subsidiado estarán atentos a que la medida no se traduzca en interrupciones de servicios en las regiones donde operan esos prestadores.