El canciller Omar Bulla informó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella modificará los estatutos del Acuerdo de Paz suscrito con las extintas FARC en 2016. El anuncio lo hizo al destacar los avances diplomáticos de la actual administración con Reino Unido y Suiza, según reportó Infobae.
Bulla señaló que la decisión responde a las prioridades que ha dictado el presidente. Con esa frase, el jefe de la diplomacia colombiana reconoció que la modificación se ejecutará desde el Gobierno, en coherencia con la línea política fijada por el Ejecutivo para el proceso de reincorporación y cumplimiento de lo pactado.
El Acuerdo de Paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. Desde entonces, su implementación se ha desarrollado mediante normas, decretos y entidades creadas para tal fin, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación.
La modificación de los estatutos implica una revisión del marco operativo del Acuerdo. Este tipo de cambios pueden afectar el funcionamiento de los espacios de reincorporación de excombatientes, los mecanismos de justicia transicional y los programas de reparación a las víctimas, temas que han concentrado la atención de organismos internacionales y de la Defensoría del Pueblo.
El anuncio se produce en un contexto de relaciones diplomáticas activas con Reino Unido y Suiza, países tradicionalmente interesados en el seguimiento del proceso de paz colombiano. Bulla mencionó esos vínculos como parte de la gestión de la Cancillería, sin detallar puntos específicos sobre cooperación bilateral en esta materia.
Organizaciones sociales y sectores vinculados a la implementación han pedido en distintas ocasiones que cualquier ajuste al Acuerdo se haga con transparencia y con la participación de las víctimas. La Corte Constitucional y la JEP han sido las encargadas de vigilar la coherencia de los compromisos pactados con la normatividad posterior.
Por ahora, el Gobierno no ha precisado qué artículos o puntos concretos de los estatutos serán modificados. Queda por conocer el texto de la propuesta, los tiempos de trámite y si la reforma se socializará con los firmantes del Acuerdo, con la comunidad internacional y con los organismos de control.
La modificación de los estatutos reabre el debate sobre el alcance y los límites del Acuerdo original. Para los ciudadanos, los puntos más sensibles suelen ser la seguridad en los territorios donde ocurrió la reincorporación, la situación de los excombatientes que aún están en proceso de reincorporación y el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.