El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella planteó una revisión de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC. La información, reportada por El Colombiano, señala que la administración contempla llevar el debate a instancias internacionales, en particular a la Organización de las Naciones Unidas.
El Acuerdo de Paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en Cartagena, tras cuatro años de negociaciones en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Su implementación dio origen a un sistema de seguimiento con participación de la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU, encabezada por el representante especial del Secretario General.
Desde la firma, la implementación ha atravesado por distintos grados de avance y por debates recurrentes sobre su financiamiento, la seguridad de los excombatientes y la reintegración comunitaria. Organizaciones sociales y de víctimas han denunciado incumplimientos puntuales, mientras distintos gobiernos han ajustado los ritmos de ejecución de los compromisos.
La decisión del gobierno de Espriella de llevar la discusión a la ONU implicaría sumar un nuevo escenario de deliberación sobre el proceso de paz colombiano. Colombia es un caso de referencia para la ONU en materia de construcción de paz, y los informes periódicos del Secretario General documentan los avances y rezagos en la implementación.
Para las víctimas del conflicto, la revisión anunciada abre interrogantes sobre la preservación de los derechos reconocidos en el Acuerdo. Sectores que han abogado por su cumplimiento integral suelen alertar que cualquier modificación debe garantizar la no repetición y los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El anuncio también ocurre en un contexto donde la implementación ha enfrentado retos de orden público. El asesinato de excombatientes, la presencia de grupos armados en antiguos espacios territoriales de capacitación y la lenta ejecución de proyectos productivos han sido señalados como los principales cuellos de botella por la Comisión de Seguimiento y por la propia Misión de Verificación de la ONU.
La posibilidad de llevar el tema a la ONU abre dos lecturas. Por un lado, podría darle un nuevo impulso político al proceso y comprometer más recursos internacionales. Por el otro, sectores críticos advierten que un cambio en la ruta trazada puede reabrir debates ya cerrados con las víctimas y con los excombatientes.
Por ahora, el gobierno no ha detallado públicamente los puntos específicos del Acuerdo que serían objeto de modificación, ni el calendario que se trazaría para el eventual paso por la ONU. El Colombiano señaló que la revisión se convertiría en uno de los nuevos frentes del Ejecutivo, lo que deja en suspenso el alcance final de la iniciativa.