El Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso sobre la mesa una propuesta para extender hasta el 31 de julio de 2027 la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Según el extracto de El Cronista, el documento plantea además que durante ese período se mantenga el uso de la información del Sisbén como base para la focalización de la oferta social del Estado.
El Sisbén es desde hace décadas la herramienta con la que el Gobierno identifica a los hogares según sus condiciones socioeconómicas. A partir de esa clasificación, entidades nacionales y territoriales deciden el acceso a programas de salud subsidiada, educación, vivienda y transferencias condicionadas, entre otros.
El RUI fue concebido como el sistema que reemplazaría esa lógica con un registro único basado en ingresos reales de los hogares. La idea era pasar de una encuesta de hogares a un cruce de bases de datos, de manera que la focalización fuera más precisa y menos susceptible a errores de actualización de los datos declarados por las familias.
Extender el plazo implica que el país seguirá operando durante casi dos años más con el esquema actual. Esto significa que las personas que esperan ser revaluadas para acceder a subsidios, o para actualizarlo deberán esperar a que el DNF concluya su plan de migración.
Para los ciudadanos, el efecto se nota en la oferta social que reciben. Las alcaldías y gobernaciones usan el nivel de clasificación para asignar cupos en programas como Familias en Acción, jóvenes en economía, baja laboral, vivienda gratuita o salud subsidiada. Mientras no se use el RUI, el Sisbén sigue siendo la llave de entrada.
Un punto sensible del debate es la cobertura. Organizaciones sociales y expertos han señalado en distintas oportunidades que el Sisbén deja por fuera a hogares vulnerables que no se han encuestado, o que quedaron rezagados tras la última actualización. Si la transición se demora dos años más, esos casos se mantendrían los servicios sociales.
La propuesta del DNP llega en un contexto en el que el Congreso discute los lineamientos del Presupuesto General de la Nación. Cualquier ajuste en los criterios de identificación del gasto social tiene efecto directo en la forma como se distribuyen los rubros destinados a la Red de la Política contra la provisión y a la oferta institucional.
Queda por conocer la respuesta del Congreso y las comunidades autónomas. El trámite tendrá que surtir su discusión en las comisiones económicas, donde se deberá evaluar si la extensión del plazo es compatible con las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
El siguiente paso será la publicación del texto definitivo del proyecto de acto administrativo y su debate en las comisiones del Congreso. Mientras eso sucede, esos territorios también deberán seguir utilizando el Sisbén como herramienta de focalización de la oferta social, con corte de ingresos a través del RUI, ahora con el corte publicado por El Cronista.