El Ejecutivo radicó un borrador de decreto orientado a reglamentar la protesta social en Colombia, según informó el diario El Expreso. El documento fija un perímetro mínimo de cuatro metros entre los manifestantes y los uniformados de la Policía Nacional, y traza directrices estrictas sobre la movilidad durante las jornadas de movilización.
El derecho a la protesta pacífica está consagrado en la Constitución y ha sido fuente de tensiones recurrentes entre la ciudadanía, las autoridades locales y la Fuerza Pública. En las últimas décadas, episodios de violencia en las calles y denuncias de uso excesivo de la fuerza han alimentado el debate sobre la necesidad de una norma que unifique los criterios de actuación.
Una de las medidas más visibles del borrador es la distancia de cuatro metros entre los participantes y la Policía, un parámetro que busca, según la lógica del texto, reducir los contactos directos y los riesgos de escalamiento. La medida reordena el protocolo de intervención y establece qué se considera una distancia prudente en el marco de una movilización.
El borrador también incluye lineamientos sobre movilidad, un punto sensible en ciudades donde las protestas suelen afectar el transporte público, el cierre de vías principales y la actividad comercial. Las directrices apuntan a definir cómo y cuándo se pueden restringir o habilitar corredores durante las concentraciones.
Por ahora, el texto está en fase de borrador, así que todavía no tiene efectos jurídicos. Para convertirse en decreto, debe surtir el trámite de revisión, ajustes y firma presidencial. En ese proceso intervienen el Ministerio del Interior, la cartera de Defensa y la Consejería Jurídica, entre otras dependencias.
El anuncio llega en un contexto de polarización alrededor del manejo del orden público. Sectores defensores de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones protocolos claros que eviten la represión, mientras que algunos sectores políticos y de seguridad han reclamado reglas más estrictas para garantizar la libre circulación y proteger la infraestructura.
Para los organizadores de marchas, el perímetro y las restricciones de movilidad pueden traducirse en limitaciones operativas a la hora de definir recorridos, puntos de concentración y horarios. Para las autoridades locales, una norma de este tipo unifica criterios hoy dispersos entre alcaldías, gobernaciones y comandos policiales.
El siguiente paso es la publicación del texto definitivo para consulta pública, si el Gobierno decide abrir ese camino. A partir de ahí, organizaciones sociales, expertos en derechos humanos, gremios y entidades territoriales podrán presentar observaciones antes de la expedición formal del decreto.