El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella retiró a Salvatore Mancuso de la figura de gestor de paz, según reportó La FM. Mancuso había sido asignado a ese rol durante la administración de Gustavo Petro, y su salida marca un giro frente al tratamiento que el Estado venía dando al exjefe paramilitar dentro del proceso de paz.
La figura de gestor de paz es una herramienta contemplada en la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, aprobada durante el Gobierno de Iván Duque. Esta ley permite que personas privadas de la libertad o procesadas por su participación en grupos armados puedan contribuir a la construcción de paz y a la reparación de las víctimas, sin que ello implique la suspensión automática de sus procesos judiciales. Los gestores de paz actúan como facilitadores entre las comunidades, las víctimas y las instituciones.
Mancuso fue uno de los principales comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y luego fundador de bloques paramilitares en distintas regiones del país. Ha sido requerido por la justicia colombiana y por tribunales internacionales por graves violaciones a los derechos humanos, incluidas masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Su historial judicial y su cooperación con mecanismos de justicia y verdad han sido determinantes para que su rol en los procesos de paz haya sido objeto de debate en distintos sectores.
Durante el Gobierno de Petro se avanzó en la estrategia de 'paz total', que contemplaba la posibilidad de que antiguos combatientes, incluidos exparamilitares, participaran en mesas de diálogo regionales con distintos grupos armados. La designación de Mancuso como gestor de paz se inscribió en esa estrategia y buscaba, según el Ejecutivo anterior, aprovechar su conocimiento de la estructura paramilitar para avanzar en procesos de verdad y en la ubicación de cuerpos de personas desaparecidas.
La decisión del nuevo Gobierno implica que Mancuso pierde el rol que había ejercido como facilitador en las mesas de paz total y como interlocutor con sectores vinculados al paramilitarismo. Su situación jurídica y carcelaria pasa a depender nuevamente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de los procesos abiertos en la justicia ordinaria por hechos cometidos durante el conflicto armado.
La retirada del gestor de paz abre interrogantes sobre la continuidad de los diálogos en los que Mancuso venía participando y sobre el futuro de la estrategia de paz total en lo que respecta a antiguos paramilitares. Sectores defensores de derechos humanos venían señalando que Mancuso no había cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos como gestor, mientras que voceros cercanos al exparamilitar argumentaban que su rol era central para develar estructuras del paramilitarismo.
El Gobierno de De la Espriella no ha detallado, hasta el momento reportado por La FM, las razones específicas del retiro. Tampoco se conoce si Mancuso será sustituido por otra persona en el rol de gestor de paz o si la figura quedará vacante. Cualquier nueva designación deberá surtir los trámites establecidos en la Ley de Paz Total.
La decisión marca una distancia respecto del enfoque del Gobierno anterior y deja en evidencia las diferencias entre ambas administraciones frente al papel que deben jugar los exparamilitares en los procesos de reconciliación. Los analistas coinciden en que el giro tendrá efectos en la forma como se desenvuelvan las mesas regionales y en la aplicación de la Ley de Paz Total en los próximos meses.