El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella retiró formalmente la candidatura de la académica y exembajadora Carolina Olarte al cargo de juez de la Corte Penal Internacional (CPI), según informó la administración nacional. La candidatura había sido inscrita por el gobierno de Gustavo Petro en marzo de este año, por lo que la decisión representa un cambio de rumbo en apenas unos meses.
Carolina Olarte es una académica colombiana con trayectoria en derecho internacional y exembajadora. Su postulación original a la CPI respondía al interés del gobierno anterior de colocar una candidatura colombiana en uno de los tribunales penales más relevantes del mundo, encargado de juzgar los crímenes más graves según el derecho internacional.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, requiere que los Estados parte postulen candidatos con amplia experiencia jurídica. El proceso incluye una evaluación de antecedentes y una elección en la Asamblea de los Estados Parte, donde los países miembros votan para escoger a los nuevos magistrados.
El retiro de la candidatura ocurre en un momento en el que la política exterior colombiana suele ajustarse tras un cambio de gobierno. La nueva administración decidió no respaldar el nombre que había quedado en curso, una facultad que cualquier gobierno tiene sobre las postulaciones que dejó pendientes la administración anterior.
Hasta el momento no se conocen detalles sobre si el gobierno de De La Espriella presentará un nombre distinto para ocupar la vacante o si Colombia quedará sin candidatura en esta vuelta. La ausencia de un postulante colombiano reduciría la influencia del país en el proceso de elección de jueces del tribunal internacional.
El retiro también puede tener lectura política interna. La decisión de retirar una candidatura del gobierno anterior suele ser una señal de los primeros movimientos diplomáticos de una nueva administración, que busca imprimir su propio sello en la representación del Estado ante organismos multilaterales.
La CPI mantiene abiertas investigaciones y causas sobre hechos ocurridos en distintos países, incluida Colombia. Por eso, que el país mantenga o no un juez propio en el tribunal tiene implicaciones directas sobre la manera como se defienden los intereses nacionales en esos procesos.
Por ahora, la administración de De La Espriella no ha anunciado públicamente quién asumirá el manejo de la candidatura, si se abrirá una nueva convocatoria o si se dejará la silla vacante en esta elección. La decisión final sobre el cupo colombiano en la CPI quedará en manos de lo que disponga el gobierno en los próximos meses.