El Gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, según reportó Pulzo. La decisión se sustenta en criterios legales y en una reorientación de la política estatal frente a los procesos de reincorporación.
La figura de gestor de paz fue creada para permitir que personas con conocimiento del conflicto armado colombiano colaboraran con el Estado en procesos de reconciliación territorial. Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), había sido incluido en ese rol como parte de su aporte a las investigaciones sobre el paramilitarismo.
La revocación se produce en un contexto de cambios en la política de paz del nuevo gobierno. Según la fuente, la administración de De La Espriella ha ajustado los criterios y lineamientos para la designación de gestores, lo que habría motivado el retiro de Mancuso de esa función.
Para las víctimas del conflicto, la decisión reabre el debate sobre el papel de los exparamilitares en los procesos de verdad y reparación. Mancuso ha sido una figura central en las versiones entregadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en procesos de esclarecimiento histórico.
La revocación también tiene implicaciones en los compromisos de colaboración que Mancuso asumió con la justicia colombiana. Al perder la figura de gestor de paz, podría modificarse el alcance de su participación en investigaciones y en mecanismos de reparación a comunidades afectadas por el paramilitarismo.
Sectores políticos han reaccionado de forma diversa al anuncio. Mientras algunos respaldan la decisión por considerar que la condición de exjefe paramilitar es incompatible con un rol de facilitador de paz, otros advierten que el retiro podría afectar la continuidad de procesos de esclarecimiento en curso.
El Gobierno no ha detallado públicamente los alcances jurídicos de la revocación ni si Mancuso conserva otros roles en el sistema de justicia transicional. La falta de precisiones deja abierta la pregunta sobre cómo continuará su aporte a las investigaciones sobre el paramilitarismo en Colombia.
El caso se suma a la lista de decisiones del gobierno de De La Espriella que han generado debate nacional en materia de seguridad, justicia transicional y construcción de paz. La administración ha reiterado su compromiso con las víctimas y con el respeto al Estado de Derecho como ejes de su política.