El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha el diseño de una reforma tributaria estructural, según informó La FM. La iniciativa contempla una revisión amplia de los impuestos vigentes y un propósito explícito de simplificar el sistema tributario colombiano, que durante años ha sido señalado por su complejidad y por la acumulación de normas y excepciones.
Dentro de ese paquete, el Ejecutivo ya anticipó que el impuesto de 4 por mil, conocido formalmente como gravamen a los movimientos financieros (GMF), será uno de los tributos sometidos a cambios. La FM reportó que la administración reveló la dirección que tendría esa modificación, aunque el detalle técnico del nuevo esquema todavía no se conoce públicamente.
El GMF es un impuesto que se aplica a las operaciones de retiro y traslado de dinero en cuentas de ahorro, corrientes y otros productos financieros. Fue creado como un instrumento de recaudo temporal, pero se ha mantenido en el tiempo y se convirtió en una fuente habitual de ingresos para el presupuesto nacional. Por su naturaleza, recae sobre las transacciones cotidianas de personas y empresas.
Una reforma tributaria de este tipo suele discutirse en el Congreso de la República, donde el Ministerio de Hacienda presenta el proyecto y las comisiones económicas lideran las ponencias. El trámite incluye debates en la Comisión Tercera y en la Comisión Cuarta de Cámara y Senado, con audiencias públicas y mesas técnicas antes de la votación en plenarias.
El contexto fiscal del país es un antecedente relevante. En los últimos años el Gobierno Nacional ha recurrido a reformas para ajustar el recaudo, financiar el Presupuesto General de la Nación y atender compromisos en sectores como salud, educación y seguridad. Cualquier modificación al 4x1.000 tiene efectos directos sobre la banca, los comercios y los ciudadanos que usan el sistema financiero.
Para los usuarios, el impuesto 4x1.000 representa un costo adicional en cada movimiento de dinero, desde pagos con tarjeta hasta transferencias entre cuentas. Una eventual reducción del gravamen o un cambio en la base tendría impacto en los consumidores, los pequeños comerciantes y las empresas, que suelen trasladarlo en los precios o absorberlo en sus márgenes.
Desde el sector financiero, cualquier ajuste al GMF implica revisar la forma en que los bancos recaudan y reportan el tributo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Modificaciones en la tarifa o en los hechos generadores obligan a actualizaciones en los sistemas de las entidades y en los reportes de información exógena.
El gobierno de De la Espriella aún no ha precisado si la reforma incluirá eliminación, reducción gradual o transformación del 4x1.000. Tampoco se conoce el texto del proyecto ni la fecha en que se radicará ante el Congreso. La FM señaló que la administración reveló la línea del cambio, lo que abre un periodo de expectativa sobre los detalles.
Quedan pendientes varios anuncios clave: el articulado definitivo, el impacto fiscal estimado, los sectores que se beneficiarán o resultarán afectados y la estrategia de financiamiento si se reduce el recaudo proveniente del 4x1.000. La discusión pública sobre la reforma se anticipa amplia, con voces del sector productivo, las centrales de trabajadores y la academia tributaria.