El gobierno de Abelardo de la Espriella retiró la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, según informó El Heraldo. Mancuso, exjefe paramilitar, había sido nombrado en 2023 por el entonces presidente Gustavo Petro como parte de la política de 'paz total'.
La figura de 'gestor de paz' fue creada para facilitar la participación de excombatientes y líderes de organizaciones armadas en procesos de reconciliación. Bajo esta designación, los gestores pueden contribuir a acercar a grupos armados con el Estado y a promover diálogos regionales sin que ello implique una inmunidad automática frente a la justicia.
Mancuso fue uno de los comandantes más reconocidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), agrupación paramilitar de derecha que se desmovilizó parcialmente entre 2003 y 2006 bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz. Tras su paso por la cárcel en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumplió una condena por narcotráfico. Regresó al país en junio de 2024 tras cumplir su pena en territorio estadounidense.
A su regreso a Colombia, Mancuso buscaba avanzar en su proceso de colaboración con la justicia y participar en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas del paramilitarismo. Su rol como gestor de paz fue interpretado como un puente entre el Estado y estructuras armadas que aún operan en distintas regiones del país.
La decisión del gobierno de De la Espriella de retirar la designación se inscribe en un giro respecto a la política de 'paz total' impulsada por Petro. El nuevo gobierno ha señalado diferencias con esa estrategia, al considerar que la figura de gestor de paz fue utilizada de forma amplia, sin suficientes controles sobre los compromisos de verdad y justicia.
La revocación tiene implicaciones directas para las víctimas del conflicto armado, que esperan verdad y reparación por los crímenes del paramilitarismo. Organizaciones de derechos humanos han subrayado que cualquier rol asignado a exjefes paramilitares debe estar sujeto a resultados concretos en las investigaciones y no solo a gestos de voluntad política.
También afecta los acercamientos con grupos armados que aún delinquen. Mancuso había expresado su disposición a mediar con disidencias de las FARC y con el Clan del Golfo, entre otros. Sin el aval oficial como gestor de paz, su capacidad de interlocución formal se reduce, aunque podría mantener contactos informales.
Según El Heraldo, la decisión aún no detalla qué pasará con los compromisos ya asumidos por Mancuso en su rol de gestor, ni si otros exparamilitares designados en la misma figura mantendrán su condición. El gobierno no ha informado sobre un reemplazo ni sobre una nueva ruta de diálogo.
Queda pendiente conocer la postura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad frente a esta decisión, pues ambos organismos trabajan con base en los aportes de quienes se acogieron a procesos de paz. La continuidad de los procesos judiciales abiertos contra Mancuso también podría verse influenciada por este retiro.