El Gobierno de El Salvador planteó a Colombia la posibilidad de compartir los aprendizajes obtenidos en la administración de su sistema carcelario y en reformas recientes a su legislación penal. Así lo expresó el vicepresidente Félix Ulloa, según el reporte del diario El Mundo de El Salvador.
Ulloa señaló dos ejes concretos del intercambio propuesto. El primero es el conjunto de cambios introducidos al delito de extorsión en la legislación salvadoreña, una figura que en El Salvador ha sido reformada en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El segundo eje es la política de ubicación de los centros carcelarios en zonas alejadas de las cabeceras urbanas. Este modelo fue profundizado con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en febrero de 2023 y ubicada en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente.
El anuncio se enmarca en una relación bilateral que ha incluido acercamientos en materia de seguridad entre ambas naciones. La propuesta salvadoreña llega en un momento en que Colombia debate reformas a su política penitenciaria y a delitos como la extorsión, que afecta a comerciantes, transportadores y ciudadanos de a pie en distintas regiones del país.
Para los ciudadanos colombianos, un eventual intercambio de experiencias podría traducirse en debates legislativos sobre cómo tipificar y perseguir la extorsión, así como en decisiones sobre la infraestructura y la ubicación de los establecimientos de reclusión. La extorsión es uno de los delitos que más impacto genera sobre la actividad económica informal y sobre la seguridad cotidiana.
Desde el plano institucional, un eventual acercamiento técnico implicaría mesas de trabajo entre funcionarios penitenciarios, operadores judiciales y cuerpos de seguridad de ambos países. Ese tipo de cooperación suele incluir asistencia técnica, visitas a centros de detención y análisis comparados de legislación.
El modelo salvadoreño de cárceles de alta seguridad y lejanía urbana ha sido objeto de controversia internacional. Organismos de derechos humanos han cuestionado las condiciones de reclusión y las restricciones a garantías procesales dentro del régimen de excepción, factores que forman parte del debate global sobre el modelo.
En Colombia, la receptividad a una cooperación de este tipo dependerá del balance que hagan las autoridades nacionales entre los resultados en reducción de ciertos delitos reportados por El Salvador y las observaciones de organismos multilaterales sobre derechos humanos. Esa ponderación recae sobre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por ahora, el ofrecimiento del Gobierno de Bukele queda como una propuesta en fase exploratoria. No se han anunciado fechas para una visita oficial, un convenio firmado ni mesas técnicas bilaterales confirmadas. El seguimiento del tema dependerá de los canales diplomáticos entre Bogotá y San Salvador.