Según SEMANA, un estrecho colaborador del presidente Nayib Bukele aterrizó en Cali con un mensaje directo: el gobierno salvadoreño está dispuesto a asesorar al presidente Abelardo De La Espriella en la construcción de megacárceles en Colombia. La revista habló en exclusiva con esa persona a su llegada a la ciudad.
El anuncio se produce en un momento en el que el gobierno colombiano ha puesto la seguridad en el centro de su agenda. La figura de las megacárceles remite al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de alta seguridad construida por la administración Bukele para albergar a los detenidos en el marco del régimen de excepción declarado en 2022, tras el recrudecimiento de la violencia de las pandillas.
Desde entonces, El Salvador ha reportado una caída sostenida de los índices de homicidios, según cifras oficiales del gobierno salvadoreño, aunque organizaciones de derechos humanos han cuestionado el método por las denuncias de masivos arrestos arbitrarios y hacinamiento. El modelo ha sido promocionado por Bukele como una pieza central de su política de seguridad y ha despertado interés, pero también críticas, en otros países de la región.
Para el gobierno colombiano, una asesoría de este tipo abriría la puerta a un giro en la política carcelaria nacional. El sistema penitenciario colombiano enfrenta desde hace años problemas estructurales de hacinamiento, condiciones de reclusión y presencia de organizaciones criminales dentro de los penales, temas que han sido señalados en reiterados informes de la Defensoría del Pueblo y de organismos de control.
El acercamiento entre ambos gobiernos tiene un antecedente reciente. Bukele y De La Espriella han estrechado lazos desde el inicio del mandato del colombiano, con intercambios en materia de seguridad y cooperación que ya habían sido mencionados en medios de comunicación. La visita del colaborador presidencial a Cali se inscribe en esa línea de diálogo bilateral.
La propuesta también genera interrogantes en el plano político y jurídico. En Colombia, la construcción de centros de reclusión de gran escala requiere cumplir con estándares de derechos humanos fijados por la Constitución y por tratados internacionales. Cualquier plan inspirado en el modelo salvadoreño tendría que pasar por ese filtro y por el debate en el Congreso, donde históricamente las reformas al sistema penitenciario han generado discusiones entre el gobierno, la oposición y las organizaciones civiles.
Sectores académicos y de derechos humanos suelen advertir que el traslado mecánico de modelos foráneos puede no funcionar si no se adaptan al contexto local. También recuerdan que la Corte Constitucional colombiana ha expedido sentencias sobre el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, lo que obliga al Estado a garantizar condiciones dignas de reclusión. Una eventual megacárcel tendría que responder a esos lineamientos.
Por ahora, lo confirmado es la disposición del gobierno salvadoreño a compartir su experiencia. Falta por definirse si la administración De La Espriella formalizará la asesoría, en qué plazos y con qué alcance. La llegada del emisario a Cali marca, en todo caso, un nuevo capítulo en la cooperación en seguridad entre ambos países y deja abierta la discusión sobre qué tipo de política carcelaria adoptará Colombia en lo que resta del mandato.
El tema seguramente volverá a la opinión pública en las próximas semanas, cuando se conozcan más detalles del eventual acuerdo. Mientras tanto, la oferta salvadoreña queda sobre la mesa como una opción que divide aguas entre quienes la ven como una solución innovadora al problema carcelario y quienes temen una repetición de prácticas cuestionadas en el plano internacional.