El presidente Abelardo De la Espriella giró una instrucción directa al ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, para que se exonere del cobro de servicios públicos a los hogares afectados por la situación que atraviesa Risaralda. El beneficio cubre un periodo de tres meses, según reportó Telesur.
La decisión se dio a conocer en el marco de un anuncio más amplio del Gobierno nacional, que incluye también subsidios de arriendo destinados a las familias que hayan perdido su vivienda o que habiten inmuebles en condiciones de riesgo. Con ambas medidas, la administración busca reducir la carga económica de los hogares mientras se restablecen las condiciones mínimas de habitabilidad.
En Colombia, los servicios públicos domiciliarios abarcan el acueducto, la energía eléctrica, el gas natural y el alcantarillado. Por ley, estos servicios son prestados por empresas de naturaleza pública, privada o mixta, y su facturación periódica puede convertirse en una presión adicional cuando las familias pierden ingresos tras una emergencia.
La figura de la exoneración temporal del pago de servicios públicos es un mecanismo contemplado en la normatividad colombiana para momentos de calamidad pública o desastre declarado. Su activación depende de una orden presidencial o ministerial y suele requerir la articulación con las empresas prestadoras, que en muchos casos son propiedad de los municipios.
De forma paralela, el subsidio de arriendo que anunció el Gobierno busca cubrir a familias que no pueden permanecer en sus viviendas. Programas similares han sido operados en el pasado por el Ministerio de Vivienda y por entidades territoriales, con recursos del Presupuesto General de la Nación y de los fondos de gestión del riesgo.
La instrucción al ministro Beltrán sitúa la decisión en el frente social del Gobierno y deja en manos del Ministerio de Vivienda la coordinación operativa con las empresas de servicios y con las autoridades de Risaralda. Aún no se conoce el mecanismo exacto de selección de los hogares beneficiarios ni la fuente precisa de los recursos.
La población más afectada por emergencias en Risaralda incluye familias de municipios golpeados por deslizamientos, inundaciones o daños estructurales en sus viviendas. En esas zonas, la interrupción del servicio de acueducto o de energía suele coincidir con la pérdida de ingresos, lo que hace más difícil cumplir con las facturas de servicios aún cuando estos lleguen a restablecerse.
Sectores sociales consultados en emergencias pasadas han pedido que la exoneración sea automática para los hogares inscritos en los registros de damnificados, con el fin de evitar tramitaciones adicionales en momentos de vulnerabilidad. La Defensoría del Pueblo y las personerías municipales suelen acompañar estos procesos para verificar la aplicación efectiva del beneficio.
Queda pendiente la publicación del decreto o resolución que formalice la exoneración de los tres meses, la lista de beneficiarios una vez se identifiquen y la fecha de inicio del subsidio de arriendo. El Ministerio de Vivienda sería el encargado de divulgar estos detalles en los próximos días.