El Gobierno de Colombia anunció la terminación de las mesas de negociación que adelantaba con varias estructuras armadas ilegales. La medida, según el reporte de La Estrella de Panamá, incluye el cierre de los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el grupo del Comandante Gentil Duarte, el del Comandante Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes.
Con esta decisión quedan sin efecto los espacios formales de conversación que existían con esas organizaciones, todas clasificadas por el Estado colombiano como grupos armados al margen de la ley. El ELN, al igual que las disidencias mencionadas, ha sido objeto de procesos judiciales y operativos de las Fuerzas Militares en distintas regiones del país.
La terminación de los diálogos se produce en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y los grupos armados que han mantenido una agenda de hostilidades durante los últimos meses. La estrategia de seguridad del Gobierno se enfoca ahora en el uso de la fuerza legítima del Estado y en la cooperación internacional para enfrentar actividades como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico.
Las mesas de negociación habían sido el mecanismo elegido por gobiernos anteriores para intentar acercar a esas organizaciones a un proceso de paz. En varios casos, como el del ELN, las conversaciones se extendieron por años sin que se alcanzara un acuerdo definitivo, y fueron suspendidas o reanudadas en distintas ocasiones.
Para los ciudadanos, la finalización de los diálogos implica que el conflicto armado con esas estructuras se seguirá atendiendo por la vía militar y judicial. Las comunidades ubicadas en zonas de presencia de esos grupos, principalmente en regiones como el Catatumbo, el sur de Bolívar, Arauca, Cauca y Putumayo, son las más afectadas por los operativos y por la disputa territorial.
La cooperación internacional, en especial con Estados Unidos y Panamá, ha cobrado mayor peso en la estrategia de seguridad. Gobiernos extranjeros han incluido a líderes y comandantes de esas estructuras en listas de narcotráfico y terrorismo, lo que ha fortalecido la presión sobre sus finanzas y sus redes de movilidad en la región.
Desde el Gobierno se ha insistido en que cualquier futura conversación con grupos armados deberá estar sujeta a condiciones claras: cese de actividades criminales, liberación de secuestrados y cooperación con la justicia. Por ahora, la vía del diálogo queda suspendida y la prioridad oficial es avanzar en las operaciones militares y de Policía para debilitarlos.
Queda por ver cómo reaccionan las estructuras afectadas y si los combates en zonas rurales se intensifican tras el cierre de las mesas. Organizaciones de derechos humanos y sectores académicos han pedido en reiteradas ocasiones que se aclaren los protocolos para la protección de civiles en medio del escalamiento del conflicto.