El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó la destinación de $1 billón para un plan de conectividad en el Chocó, según reportó CRprensa.com. Los recursos se enmarcan dentro del Plan Marshall que la administración impulsa para ese departamento.
La noticia llega después del terremoto que sacudió al Chocó y que dejó afectaciones en vías, puentes y equipamientos públicos. La conectividad es uno de los problemas estructurales más antiguos del departamento, donde las vías terrestres son escasas y los ríos han sido durante décadas las principales rutas de transporte.
El Plan Marshall del Chocó fue presentado por el gobierno como una hoja de ruta para cerrar la brecha de infraestructura y servicios en uno de los territorios más rezagados del país. La conectividad figura entre los ejes prioritarios, junto con energía, agua potable y salud.
Con los $1 billón anunciados se busca financiar obras que mejoren la conexión entre municipios y con el resto del país. En la práctica, esto podría traducirse en pavimentación de tramos, mantenimiento de vías terciarias y estudios para nuevas rutas.
La reconstrucción tras un terremoto exige atender emergencias, pero también revisar qué se construye y bajo qué estándares. Expertos en gestión del riesgo suelen señalar que el dinero de la reconstrucción solo sirve si las obras resisten nuevos sismos y si consultan a las comunidades locales.
Para los habitantes del Chocó, una mejor conectividad significa acceso más rápido a mercados, hospitales y colegios. También reduce los costos de transporte de alimentos y combustibles, que hoy llegan al departamento a precios más altos que en el resto del país.
Según la fuente, el gobierno avanza en la conformación del plan, por lo que aún no se conocen los plazos de ejecución ni los municipios beneficiados en una primera fase. La estructuración técnica y los procesos de contratación y posibles fallos.
La siguiente etapa será la publicación de los criterios con los que se priorizarán las obras y los mecanismos de seguimiento. Organizaciones sociales y entes de control suelen pedir veedurías ciudadanas sobre la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción.