El Ministerio de la Igualdad y la Equidad fue creado durante la administración del expresidente Gustavo Petro como una de las entidades emblemáticas de su gobierno. Su misión central era diseñar y coordinar políticas públicas para poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellas mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y sectores rurales. Con la decisión de liquidarlo, la administración actual cierra ese capítulo institucional.
La liquidación de un ministerio implica varias etapas. Primero se designa un liquidador, que se encarga de levantar el inventario de bienes, contratos y obligaciones laborales. Después se atienden los compromisos pendientes con empleados y proveedores. Al final, la entidad desaparece formalmente del ordenamiento jurídico. Cada uno de esos pasos tiene plazos definidos por la ley y exige rendición de cuentas sobre el patrimonio público administrado.
El Ministerio de la Igualdad había concentrado buena parte de la oferta social del gobierno anterior. En su estructura funcionaban direcciones y programas orientados a cerrar brechas de género, apoyar a la población LGBTIQ+, atender a comunidades negras e indígenas, y trabajar con jóvenes en zonas afectadas por la violencia. La liquidación abre dudas sobre qué entidad asumirá esas tareas y cómo se garantizará la continuidad de los programas en marcha.
Para la ciudadanía, el cambio genera un período de incertidumbre. Los contratos y convenios suscritos por la cartera deberán ser revisados para definir cuáles se liquidan, cuáles se trasladan y cuáles terminan anticipadamente. Los funcionarios y contratistas están a la espera de la comunicación oficial sobre su situación. Los usuarios de los programas, en muchos casos, no perciben de inmediato los efectos, pero la transición puede afectar la atención en los territorios.
El precedente más cercano de un proceso de liquidación ministerial en Colombia fue el de Ministerios como el de Justicia y del Interior durante la transición del año 2003, cuando se fusionaron varias carteras. En aquel caso, la supresión de entidades también planteó debates sobre la preservación de políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. La diferencia es que esta vez se trata de una cartera creada hace pocos años y todavía en etapa de consolidación institucional.
La orden de liquidación fue reportada por el medio De Último Minuto, que tituló la decisión como un giro frente a una de las principales iniciativas del gobierno de Petro. El alcance exacto del decreto y los mecanismos para sustituir las funciones del ministerio deberán precisarse en los próximos días mediante actos administrativos adicionales. Hasta ahora no se ha informado de una entidad sustituta clara para todas las áreas que atendía la cartera.
La decisión se inscribe en la política de reorganización de la estructura del Estado que ha planteado el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esa política incluye ajustes en ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas, con el argumento de reducir el gasto público y simplificar la administración. Sectores defensores de derechos humanos han expresado preocupación por la continuidad de los programas dirigidos a poblaciones vulnerables, mientras que voces oficiales defienden que las funciones se redistribuirán en otras dependencias.
Quedan pendientes varios puntos clave del proceso. Primero, la publicación del decreto de liquidación con sus considerandos y plazos. Segundo, la definición del liquidador y del cronograma de transición. Tercero, la identificación de qué ministerios o agencias recibirán las funciones. Y cuarto, el manejo de los programas sociales en ejecución, muchos de los cuales tienen cobertura en regiones apartadas donde la presencia institucional es limitada.