El Gobierno Nacional anunció que prepara una reforma normativa orientada a reclasificar a los grupos armados al margen de la ley y a las estructuras del narcotráfico como organizaciones terroristas, según informó el diario El Mercurio de Ecuador, que cita la información. La decisión se conoce en un contexto de violencia creciente en distintas zonas del país.
La propuesta apunta a modificar el marco jurídico vigente para que las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Jurisdicción Especializada puedan actuar bajo un mismo tipo penal contra estructuras que hoy son tratadas por separado: las guerrillas como grupos alzados en armas y las bandas dedicadas al tráfico de drogas como organizaciones criminales comunes.
Desde la óptica del Gobierno, la separación actual dificulta los procesos de judicialización y la cooperación internacional, porque cada categoría exige tratamientos distintos en materia de captura, juzgamiento y cooperación judicial con otros países. Una figura unificada de terrorismo facilitaría, según el Ejecutivo, los intercambios de inteligencia y la acción coordinada contra estas organizaciones.
La reforma se conoce mientras distintos indicadores de violencia se mantienen bajo presión. En zonas rurales del Cauca, Catatumbo, Arauca y Putumayo se han reportado enfrentamientos, hostigamientos y desplazamientos forzados que afectan a comunidades campesinas e indígenas. La población civil es la principal damnificada de estos ciclos de confrontación.
El anuncio también se produce cuando el país debate el alcance de la política de seguridad y el rol de la fuerza pública frente a estructuras que combinan narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Sectores académicos y de derechos humanos suelen advertir que una calificación de terrorismo puede ampliar las facultades de inteligencia militar y restringir garantías procesales para los investigados.
En el plano internacional, la reclasificación pondría a Colombia en línea con las listas de varios países que ya tratan al narcotráfico como una amenaza terrorista, lo que podría agilizar la asistencia de agencias como la DEA de Estados Unidos y la Europol. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han pedido históricamente que esas categorías no se apliquen de manera retroactiva ni masiva.
Hasta el momento el Gobierno no ha precisado el articulado ni el trámite legislativo que seguirá la reforma. Tampoco se han definido los efectos sobre los procesos de paz vigentes o sobre los integrantes de estructuras armadas que se encuentren en procesos de sometimiento individual o colectivo ante la Jurisdicción para la Paz.
La propuesta llega al Congreso en un año preelectoral, lo que probablemente abrirá un debate político intenso entre quienes respaldan la mano firme contra las organizaciones armadas y quienes piden que la nueva tipificación respete los estándares internacionales de derechos humanos y el debido proceso.