El Gobierno de Colombia trabaja en un proyecto de decreto que modifica los protocolos de actuación policial durante las manifestaciones públicas, según reportó Pulzo. La propuesta busca hacer más rápida la respuesta institucional cuando se registran hechos de violencia en el marco de las protestas.
De acuerdo con el extracto de la fuente, el texto pretende intervenir de forma directa en los episodios violentos, sin que ello implique suspender los derechos de quienes se manifiestan de manera pacífica. La redacción busca diferenciar entre protesta social y hechos constitutivos de violencia.
El manejo del orden público durante las marchas ha sido uno de los temas sensibles de la gestión gubernamental, sobre todo por episodios recientes que dejaron cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos humanos. En Colombia, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa comparten la responsabilidad de coordinar la seguridad en este tipo de jornadas.
La figura del decreto facilita que una materia específica entre en vigencia sin requerir un trámite ante el Congreso, aunque debe pasar por el trámite de revisión del Ministerio de Justicia y de otras entidades antes de su expedición. En este caso, el mecanismo busca responder con rapidez a los retos operativos detectados en las últimas jornadas.
Para la población, el cambio implica un ajuste en las reglas con las que los ciudadanos salen a las calles a protestar, y también en la forma como las autoridades reaccionan ante bloqueos, disturbios o agresiones. Sectores defensores de derechos humanos suelen pedir protocolos claros y supervisión, mientras la fuerza pública argumenta necesidad de acción inmediata.
La fuente no precisa cuántos artículos tendrá el decreto ni los plazos para su revisión. Tampoco detalla si habrá ajustes en el tipo de armas no letales, en los criterios de uso de la fuerza o en los protocolos de atención a personas heridas durante las manifestaciones.
El siguiente paso sería la publicación del texto borrador para observaciones, si el Gobierno decide abrir esa etapa, y posteriormente la firma presidencial. Mientras tanto, las organizaciones sociales y los cuerpos de seguridad esperan conocer los términos exactos para evaluar el alcance de la nueva regla.