El Gobierno de Colombia formalizó su regreso al Consenso de Ginebra, una declaración internacional que parte de la premisa de que no existe un derecho internacional al aborto, según el extracto de la fuente. La adhesión ubica al país junto a otras naciones que defienden esa posición en escenarios multilaterales.
El Consenso de Ginebra fue presentado en 2020 por un grupo de países encabezados por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, y luego fue impulsado por Brasil. El texto afirma que no hay obligación de los Estados de legalizar el aborto ni de financiar esa práctica, y que las leyes sobre la materia corresponden a la soberanía de cada país.
Colombia se había sumado a esta declaración durante el gobierno de Iván Duque, la abandonó en la administración de Gustavo Petro y ahora vuelve a firmarla. Este es el antecedente inmediato que enmarca la decisión actual, retomada por el Ejecutivo encabezado por Abelardo de la Espriella.
El Consedio de Ginebra no es un tratado vinculante. Funciona como una declaración política que los países firman para fijar una postura común en organismos internacionales, especialmente en Naciones Unidas. No crea obligaciones jurídicas nuevas para los Estados firmantes.
En Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en tres causales desde la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional: cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, cuando hay malformación fetal incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de violencia sexual. Esta es la base legal vigente que opera dentro del país.
La adhesión al Consenso de Ginebra no modifica de forma directa esa jurisprudencia interna. Lo que cambia es el posicionamiento de Colombia en debates internacionales, donde el país había mantenido una postura más cercana al reconocimiento de derechos reproductivos durante los últimos años.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas suelen cuestionar este tipo de declaraciones porque, según argumentan, debilitan estándares internacionales de protección a las mujeres. Gobiernos que las suscriben, en cambio, suelen presentarlas como una defensa de la soberanía nacional sobre legislaciones internas.
La Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido en distintos pronunciamientos la relación entre derechos reproductivos y derechos humanos, un marco que organizaciones de la sociedad civil invocan al evaluar este tipo de adhesiones.
Por ahora, la decisión se conoce a través de la adhesión formal al Consenso. Queda por verse si el Gobierno colombiano acompañará esta postura con cambios concretos en política exterior, en su voto en resoluciones de la Asamblea General de la ONU o en su posición ante mecanismos regionales de derechos humanos.