El Ministerio de Justicia y del Derecho informó sobre el lanzamiento conjunto del informe de monitoreo de cultivos de coca 2024, elaborado con la UNODC. El reporte recoge los datos del más reciente ejercicio de medición satelital y seguimiento en territorio que ambas entidades realizan cada año en el marco del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos.
En el mismo acto se presentó una hoja de ruta orientada a fortalecer la metodología de estimación del potencial de producción de clorhidrato de cocaína en Colombia. La iniciativa busca revisar los supuestos técnicos, actualizar los factores de conversión y mejorar los procesos de verificación que se aplican a la cadena de transformación de la hoja de coca en pasta y luego en clorhidrato.
Colombia y la UNODC mantienen desde 1999 un acuerdo de cooperación técnica para medir los cultivos de coca en el país. Ese trabajo conjunto produce anualmente el reporte que usan entidades nacionales e internacionales como referencia para diseñar políticas de lucha contra el narcotráfico, sustitución de cultivos y desarrollo rural en las zonas afectadas.
La presentación se realizó en un escenario institucional con presencia del Gobierno y del equipo técnico de la UNODC para Colombia. De acuerdo con la información divulgada, la nueva hoja de ruta contempla mesas de trabajo con expertos, procesos de intercomparación con otros países productores y ejercicios de validación en regiones clave, aunque los detalles específicos dependerán de los cronogramas que publique el Ministerio.
El informe anual de monitoreo se ha convertido en uno de los insumos principales para los debates sobre la política de drogas en el país. Sus cifras son utilizadas por la Presidencia, los ministerios de Defensa y Justicia, la Policía Nacional, la Fiscalía y entidades territoriales para tomar decisiones sobre erradicación, aspersión, sustitución voluntaria y proyectos productivos alternativos.
Para las comunidades campesinas e indígenas que habitan las zonas de cultivo, los resultados del monitoreo tienen efectos directos en la focalización de programas sociales y de seguridad. Las regiones con mayor presencia de cultivos suelen ser las mismas donde el Estado concentra operativos de erradicación forzosa, acuerdos de sustitución voluntaria y acciones de interdicción, lo que hace que cada cifra anual tenga consecuencias operativas en el territorio.
El anuncio llega en un momento de discusión pública sobre la eficacia de la estrategia antinarcóticos. Sectores académicos y organizaciones rurales han cuestionado de forma reiterada la metodología de conversión a clorhidrato, al señalar que los rendimientos efectivos varían según la región, la variedad de hoja y los procesos químicos utilizados por los productores.
De acuerdo con la información entregada por la cartera de Justicia, la hoja de ruta contempla un proceso gradual de actualización que se desarrollará en los próximos meses. El Ministerio y la UNODC adelantarán reuniones técnicas, revisiones documentales y posibles ajustes a los protocolos de campo antes de la publicación del próximo reporte anual, con el propósito de entregar estimaciones más transparentes y comparables.
Queda pendiente conocer los resultados puntuales del informe 2024, que el Ministerio de Justicia y del Derecho debe difundir en los próximos días. A partir de allí se abrirá el debate técnico sobre si las cifras confirman la tendencia de los últimos años, en los que se han reportado variaciones tanto al alza como a la baja en la superficie cultivada y en el potencial de producción estimado.