El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que el gobierno de Abelardo de la Espriella inició una ruta jurídica para atender la situación de los exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos, en el marco de la investigación por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. La confirmación la hizo ante los medios y quedó registrada en una publicación de Revista Semana.
Según el reporte de Semana, Cancino sostuvo contactos directos con los familiares de los detenidos, paso que abre un canal formal entre el Ejecutivo y los allegados de los procesados. El ministro no entregó mayores detalles sobre el contenido de esas conversaciones, pero aseguró que la situación será tratada de manera interinstitucional.
Como parte de esa ruta, el Ministerio de Justicia convocará una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa y la Cancillería. El objetivo de esa reunión será definir las acciones que seguirá Colombia frente a nacionales que enfrentan procesos judiciales en el extranjero, en un caso que vincula a personal con formación militar.
El magnicidio de Moïse sacudió a Haití en julio de 2021, cuando un grupo armado ingresó a su residencia en Puerto Príncipe y le causó la muerte. La investigación posterior identificó la participación de ciudadanos colombianos con pasado en las fuerzas armadas, varios de los cuales terminaron siendo detenidos y luego extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos federales por el delito.
En Colombia, el caso reactivó el debate sobre la actuación de exintegrantes de las Fuerzas Militares en operaciones de seguridad privada en el exterior. Distintos sectores han pedido al Estado colombiano un acompañamiento más activo, tanto consular como jurídico, para garantizar el debido proceso de los connacionales involucrados en la investigación estadounidense.
La decisión de articular Justicia, Defensa y Cancillería refleja la complejidad del expediente: mientras la cartera de Cancino evalúa el componente legal interno, Defensa puede aportar información sobre la trayectoria militar de los detenidos, y la Cancillería debe coordinar con Washington y, eventualmente, con Puerto Príncipe los aspectos diplomáticos del caso.
La presencia de Cancino como rostro visible de esta gestión pone al Ministerio de Justicia en el centro de la estrategia del gobierno de De La Espriella frente al tema. Hasta ahora, las acciones oficiales se habían concentrado en la cooperación con las autoridades estadounidenses, sin que se conociera un pronunciamiento del más alto nivel sobre el acompañamiento a las familias.
El siguiente paso concreto es la reunión tripartita anunciada por el ministro, cuya fecha y lugar no fueron precisados por la fuente. El resultado de ese encuentro puede determinar si el gobierno adopta una defensa jurídica formal, si refuerza la asistencia consular o si se limita a una labor de seguimiento, opciones que tienen implicaciones distintas para los detenidos y sus familias.
Para los allegados de los exmilitares, el anuncio representa un primer reconocimiento institucional luego de años de gestiones individuales. En lo inmediato, las familias esperan información sobre el estado de los procesos en Estados Unidos y sobre eventuales visitas consulares o traslados, aspectos que aún están por definirse en la mesa que liderará el Ministerio de Justicia.