El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella trabaja en una reforma al Decreto 003 de 2021, la norma que fija las reglas para garantizar el derecho a la protesta pacífica en Colombia. El anuncio lo registró La Silla Vacía, que publicó los puntos centrales del borrador en circulación.
Uno de los cambios más sensibles es la posibilidad de que las fuerzas del orden intervengan en una manifestación sin pasar primero por una fase de diálogo. La redacción actual exige agotar ese paso antes de cualquier operativo. Con la modificación, esa exigencia desaparece en ciertas circunstancias que el propio decreto precisará.
El segundo eje de la reforma apunta al Puesto de Mando Unificado (PMU), la instancia que coordina en terreno a la Policía, el Ejército y las autoridades civiles durante los operativos. El borrador le asigna nuevas funciones, lo que en la práctica lo convierte en el centro de decisiones cuando hay alteraciones del orden durante una marcha.
El Decreto 003 de 2021 nació como respuesta a los excesos policiales registrados durante el paro nacional de 2019 y de 2021. Su filosofía original fue poner la garantía de la protesta por encima de la dispersión, y exigir el diálogo como paso previo a cualquier intervención. Cualquier cambio en ese equilibrio toca un derecho constitucional de los colombianos.
Para la ciudadanía, los efectos prácticos pueden ser directos. Una protesta que hoy requiere negociación previa podría enfrentarse a una intervención más temprana. A la inversa, los defensores del orden público argumentan que la nueva arquitectura reduce los tiempos de respuesta frente a hechos de violencia dentro de las movilizaciones.
Organizaciones de derechos humanos y plataformas sociales suelen acompañar este debate con preocupación. Para estos sectores, relajar la exigencia de diálogo abre la puerta a la dispersión de marchas pacíficas. Para las fuerzas de seguridad, en cambio, el esquema anterior dejaba a los uniformados sin herramientas frente a bloqueos o vandalismo.
El decreto también redefine el rol de las alcaldías y gobernaciones durante las jornadas de protesta. El PMU, según el extracto, asumiría un papel más determinante en la coordinación con mandatarios locales, lo que puede cambiar la cadena de mando en ciudades con altaconflictividad social.
Quedan pendientes varios puntos del texto. El borrador no detalla aún cuáles son los casos en los que se podrá intervenir sin diálogo previo, ni cómo se medirá el uso progresivo de la fuerza. Esos criterios serán clave para que la Corte Constitucional, los organismos de control y la sociedad civil evalúen la constitucionalidad de la norma.
El Gobierno espera publicar la reforma en las próximas semanas. Mientras tanto, el texto ya empezó a circular entre abogados constitucionalistas, expertos en seguridad y organizaciones sociales, que preparan sus observaciones antes de la expedición formal del decreto.