El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella trabaja en un conjunto de reformas al sistema pensional colombiano. Una de las decisiones más visibles es la derogatoria del decreto que hoy obliga a los fondos privados de pensiones a incrementar su nivel de inversión dentro del territorio nacional, según informó El Colombiano.
El decreto que sería derogado fijaba reglas de inversión para las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFP. Esas reglas determinan en qué activos y en qué proporción pueden colocar los recursos de los afiliados. La norma buscaba, entre otros objetivos, dinamizar el mercado de capitales colombiano y destinar más ahorro pensional a proyectos productivos locales.
Con la derogatoria, el gobierno abre la puerta a que esos recursos puedan destinarse con mayor flexibilidad a inversiones en el exterior o a otros instrumentos. Para los fondos, esto representa una ampliación del menú de opciones. Para el mercado local, implica un eventual cambio en la disponibilidad de capital de largo plazo.
La discusión sobre el ahorro pensional ha sido un tema recurrente en Colombia durante las últimas décadas. El país opera bajo un sistema mixto, con un componente público administrado por Colpensiones y un componente privado a cargo de las AFP. Las reglas de inversión de estos fondos han cambiado varias veces según el gobierno de turno, en medio de debates sobre rentabilidad, riesgo y contribución al desarrollo.
Para los afiliados al componente privado, la decisión puede traducirse en cambios en la composición de sus portafolios. Los rendimientos futuros dependerán, en parte, de las decisiones que adopten los administradores en un escenario regulatorio distinto. La Superintendencia Financiera, como entidad de vigilancia, tendría que pronunciarse sobre las nuevas condiciones aplicables.
El paquete de ajustes al sistema pensional que prepara el gobierno no se limita a este punto. De acuerdo con la información disponible, la administración de De la Espriella evalúa otras modificaciones que podrían presentarse en las próximas semanas. El alcance completo de los cambios aún no se conoce en detalle.
Sectores vinculados al mercado de capitales han seguido de cerca el tema. Algunos han planteado que la obligatoriedad de inversión local encarece el financiamiento de los fondos y limita sus opciones. Otros consideran que esos recursos son clave para el desarrollo de infraestructura y empresas nacionales, y que reducir la exigencia interna tendría efectos sobre la profundidad del mercado.
La derogatoria de un decreto de esta naturaleza suele requerir la expedición de uno nuevo que reglamente la transición. Hasta que ese nuevo texto se conozca, persisten interrogantes sobre el calendario de aplicación, los plazos de ajuste para los fondos y el tratamiento de las inversiones ya comprometidas bajo la norma anterior.
El tema llega en un momento en el que el sistema pensional colombiano enfrenta presiones por el envejecimiento poblacional y por los efectos de varias reformas recientes. Cualquier modificación a las reglas de inversión se inscribe en ese debate de fondo sobre la sostenibilidad del modelo y sobre el papel del ahorro privado en la financiación de la economía.
Por ahora, la administración de Abelardo de la Espriella confirma la dirección del cambio. Falta conocer el texto definitivo, las fechas de entrada en vigor y la respuesta de los distintos actores del sistema. La próxima etapa estará marcada por la publicación oficial de los actos administrativos y por el inicio de la transición regulatoria.