El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su Gobierno actuará contra las estructuras que, según sus declaraciones, manejan el contrabando y la evasión en Colombia. El anuncio se produjo en un pronunciamiento recogido por El País, que tituló la noticia sobre los cambios previstos en puertos y zonas de frontera.
De la Espriella señaló que la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal será una de las prioridades de su administración. Aunque no entregó cifras oficiales sobre el tamaño de estas prácticas en el país, el presidente sostuvo que existen redes organizadas detrás de ambos fenómenos, lo que justifica, a su juicio, una intervención decidida del Estado en los puntos de entrada y salida de mercancías.
Colombia comparte fronteras terrestres con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y cuenta con puertos marítimos en el Caribe y el Pacífico que concentran buena parte del comercio exterior. El control aduanero en esos puntos depende de entidades como la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera y la Armada, cuya coordinación es clave para detectar cargamentos no declarados y subfacturación de importaciones.
El contrabando y la evasión fiscal tienen efectos directos sobre el recaudo tributario, que financia programas sociales, inversión en infraestructura y funcionamiento del Estado. Según cálculos de la Dian y de gremios económicos citados en distintas coyunturas, las pérdidas por evasión y contrabando representan un porcentaje significativo de los ingresos que el fisco deja de percibir cada año, aunque el Gobierno entrante no ha presentado todavía una cifra propia.
El anuncio se enmarca en los primeros días de gestión de De la Espriella, quien ha centrado sus declaraciones iniciales en temas de seguridad económica y orden institucional. La mención específica de puertos y fronteras sugiere que las medidas podrían incluir mayor presencia de autoridades, tecnología de inspección y operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad y las entidades de control aduanero.
El anuncio llega en un momento sensible para el comercio exterior colombiano, afectado por las fluctuaciones del precio del dólar, la situación en los principales socios comerciales y los cambios en las cadenas globales de suministro. Sectores industriales que compiten con productos de contrabando, como textiles, calzado, licor y cigarrillos, suelen respaldar políticas de mayor control aduanero.
Organizaciones gremiales y expertos en política fiscal han planteado en debates recientes la necesidad de modernizar la tecnología en puertos, fortalecer la inteligencia aduanera y sancionar con mayor rigor a los importadores que usan facturas falsas. El reto, señalan, es mantener la lucha contra el contrabando sin afectar la agilidad del comercio legítimo ni encarecer innecesariamente los productos importados.
Por ahora, el Gobierno de De la Espriella no ha detallado el calendario ni el tipo específico de medidas que implementará en puertos y fronteras. Queda por verse si la estrategia se traducirá en decretos, operativos puntuales, reformas regulatorias o acuerdos con las autoridades locales de las zonas fronterizas, donde el contrabando a pequeña escala tiene profundas raíces económicas y sociales.
La ciudadanía seguirá de cerca los anuncios oficiales para conocer el alcance real de los cambios prometidos y su impacto en el precio de los bienes importados, en el recaudo del Estado y en la situación de las comunidades que viven en las regiones fronterizas. El primer paso, según la fuente, ya está dado: la voluntad política del nuevo Gobierno de enfrentar el problema.