El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció el reinicio de la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. La confirmación la entregó el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante una sesión del Congreso, según reportó La Opinión.
Cancino aseguró que las operaciones de aspersión deberán ejecutarse bajo criterios de protección a la población civil y al medioambiente. El ministro agregó que no se descarta el uso de glifosato dentro del esquema de trabajo, una sustancia que estuvo en el centro del debate durante los últimos años por sus efectos sobre la salud y los ecosistemas.
Colombia había suspendido las fumigaciones aéreas con glifosato en 2015, tras una serie de cuestionamientos por daños ambientales y riesgos para las comunidades rurales. Desde entonces, la política antinarcóticos se apoyó principalmente en la erradicación manual voluntaria, con resultados limitados según distintos análisis oficiales y académicos.
El anuncio se produce en un contexto de presión internacional y local por el aumento de los cultivos de uso ilícito en zonas estratégicas del país. Regiones como Catatumbo, Putumayo y partes del Cauca han reportado incrementos sostenidos, lo que ha reabierto el debate sobre las herramientas del Estado para enfrentar el problema.
Para las comunidades campesinas e indígenas cercanas a las zonas de cultivo, la noticia abre un frente de preocupación por los posibles impactos de la aspersión en fuentes de agua, cultivos lícitos y salud. Organizaciones de derechos humanos han pedido en otras ocasiones protocolos estrictos y veeduría independiente antes de autorizar nuevas operaciones.
En materia institucional, la decisión implica una articulación entre el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y las entidades responsables del control ambiental. Cancino no entregó en su intervención una fecha exacta para el inicio de las fumigaciones ni los departamentos priorizados, temas que el Congreso y la opinión pública esperan precisar en los próximos días.
La posibilidad de volver al glifosato también reactivará la discusión jurídica. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han emitido sentencias y conceptos sobre los límites y requisitos para reanudar la aspersión, por lo que cualquier programa deberá sujetarse a esos marcos vigentes para evitar nuevas suspensiones.
Desde el punto de vista de política de drogas, el giro contrasta con el énfasis que gobiernos anteriores pusieron en la sustitución voluntaria y los acuerdos con familias campesinas. Expertos en la materia han señalado que la combinación de ambas estrategias ha sido desigual y que el retorno de la fumigación obligará a redefinir la oferta institucional en los territorios.
Queda por verse cómo se traducirá el anuncio en un plan operativo, qué regiones serán intervenidas primero y bajo qué criterios ambientales y de derechos humanos se ejecutarán las jornadas. El Gobierno aún no ha detallado el presupuesto ni los mecanismos de veeduría que acompañarán el proceso.