El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó una reforma al sistema de consulta previa que, según dijo, busca destrabar el cúmulo de expedientes acumulados y reducir los tiempos de respuesta. El anuncio fue recogido por El País, que tituló la jornada de presentaciones oficiales del gobierno de Abelardo de la Espriella como un giro en el manejo de este mecanismo.
La consulta previa es el proceso mediante el cual el Estado dialoga con comunidades étnicas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes antes de ejecutar proyectos, obras o medidas legislativas que puedan afectarles. Está regulada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Constitución, y se aplica en sectores como minería, energía, infraestructura vial y proyectos agropecuarios.
Lara explicó que la iniciativa contempla digitalizar el 100 % de los expedientes represados en la plataforma estatal. La medida apunta a sustituir el envío físico de documentos, que durante años ha generado demoras y pérdidas de trámites, por un sistema electrónico que permita a las comunidades, a las empresas y a las entidades públicas seguir cada caso en línea.
Otro de los componentes centrales de la reforma es la reducción de los tiempos del proceso. El gobierno se propuso que cada consulta se resuelva en un máximo de 90 días. En la práctica, distintos gremios y entidades territoriales han reportado plazos mucho más largos, en algunos casos superiores a un año, lo que ha frenado proyectos de inversión en distintas regiones del país.
La propuesta llega en un contexto de creciente fricción entre el sector productivo y las comunidades. Empresas de energía, minería e infraestructura han señalado que la lentitud de las consultas frena la ejecución de proyectos estratégicos. En paralelo, organizaciones indígenas y afrodescendientes han advertido que cualquier acortamiento de plazos no puede traducirse en una pérdida del derecho a la concertación.
El Ministerio del Interior no ha detallado aún si la reforma implicará cambios en el decreto que reglamenta la consulta previa ni si se tramitará por vía legal o reglamentaria. Tampoco se informó sobre los recursos que demandará la digitalización ni sobre los protocolos que se usarán para garantizar la seguridad de la información y la participación de comunidades con acceso limitado a internet.
El gobierno de De la Espriella tendrá que conciliar el objetivo de acelerar los procesos con las garantías de participación efectiva de las comunidades. Sectores consultados por distintos medios coinciden en que el éxito de la reforma se evaluará por la capacidad de cumplir los 90 días sin que se reporten afectaciones a los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Por ahora, la reforma queda a la espera de los textos oficiales y de la apertura de mesas técnicas con comunidades, gremios y entes de control. El Ministerio del Interior anunció que en las próximas semanas dará a conocer el cronograma de implementación y los indicadores con los que se medirá el avance de la digitalización y la reducción de tiempos.