El Ejecutivo colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella, trabaja en una línea de cooperación con la OCDE y otros organismos multilaterales para fortalecer dos frentes: la generación de empleo y la eficiencia en el recaudo tributario. Así lo reseña Diario del Cauca en un reporte sobre la agenda económica del gobierno.
El respaldo internacional se inscribe en la estrategia del gobierno para dotar de mayor músculo técnico la política económica. La cooperación con la OCDE, organización de la que Colombia es miembro desde 2018, suele traducirse en recomendaciones sobre política fiscal, mercado laboral y competitividad, áreas donde el país arrastra indicadores sensibles como la informalidad laboral y la presión tributaria comparada.
En materia tributaria, Colombia ha enfrentado debates recurrentes sobre el alcance de la reforma tributaria vigente, la progresividad del sistema y los niveles de evasión y elusión. Una cooperación técnica orientada a la eficiencia del recaudo suele enfocarse en cerrar brechas de cumplimiento, modernizar la facturación electrónica y fortalecer la fiscalización de la DIAN, sin que el reporte divulgue cifras concretas en esta oportunidad.
En el frente laboral, las prioridades que suelen acompañar estos procesos de cooperación son la reducción de la informalidad, la formación para el trabajo y la atracción de inversión generadora de empleo. Colombia registra tasas de desempleo de dos dígitos en distintos momentos del ciclo económico y una proporción mayoritaria de trabajadores por cuenta propia o sin aportes a seguridad social.
La articulación con organismos multilaterales también suele abrir líneas de crédito y asistencia técnica en programas de inserción laboral, productividad de las mipymes y transformación digital. El reporte de Diario del Cauca no precisa montos ni plazos, pero ubica el acompañamiento externo como un habilitador de la política doméstica.
Para la ciudadanía, los efectos esperados son de doble vía. Por un lado, una mejor gestión tributaria puede traducirse en mayor disponibilidad de recursos públicos para inversión social. Por otro, las reformas de eficiencia tributaria suelen acompañarse de debates sobre justicia fiscal, régimen simple y sanciones, temas que afectan de manera diferenciada a empleados, empresas y trabajadores informales.
En materia laboral, las acciones concertadas con la OCDE pueden orientar reformas a la protección social, la formación dual y los esquemas de primer empleo. Estos instrumentos tocan a jóvenes, mujeres y poblaciones rurales, segmentos donde la tasa de desempleo y la informalidad tienden a ser más altas según las mediciones del DANE.
El gobierno no ha divulgado los hitos concretos de esta agenda, por lo que queda pendiente conocer los cronogramas, los indicadores de seguimiento y los posibles ajustes normativos. La cooperación con organismos internacionales suele materializarse en recomendaciones, mesas técnicas y proyectos piloto, cuyo avance dependerá del trámite institucional en los próximos meses.