El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella informó que buscará reactivar el fracking en Colombia mediante pilotos controlados. La decisión fue reportada por El Oriente y marca un giro frente al cierre que había ordenado la administración anterior sobre esa técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.
El plan contempla tres ejes centrales. Primero, la implementación de pilotos acotados, es decir, proyectos limitados en número y geográficamente delimitados. Segundo, un sistema de monitoreo ambiental que registre de manera sistemática los efectos sobre el suelo, el agua y el aire en las zonas de operación. Tercero, medición independiente, un componente que apunta a que los resultados sean verificados por terceros ajenos a las empresas operadoras y al propio gobierno.
Como elemento adicional, la propuesta incluye restricciones en zonas sensibles, lo que en la práctica significa excluir áreas con importancia ecológica, reservas de agua o territorios de comunidades étnicas. Ese tipo de zonas ha sido justamente el principal punto de fricción en los debates que se han dado en Colombia sobre la técnica del fracking en los últimos años.
El fracking, también llamado fracturamiento hidráulico, es una técnica que permite extraer gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas de baja permeabilidad mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión. Ha sido promocionado por algunos sectores como una vía para aumentar las reservas de hidrocarburos, mientras que organizaciones ambientales y comunidades lo han cuestionado por sus posibles efectos sobre los acuíferos y la contaminación.
En Colombia, la discusión ha pasado por varias etapas. El país llegó a tener compromisos de pilotos exploratorios que fueron archivados durante el gobierno anterior, que priorizó la transición energética y restringió nuevas actividades de exploración con esta técnica. La administración de Iván Duque había sido la que más avanzó en habilitar la ruta para los pilotos a través de la Comisión Interdisciplinaria Independiente, un escenario que cambió con la llegada del nuevo gobierno.
El anuncio de la administración De la Espriella se conoce en un contexto internacional donde varios países han debatido los riesgos y beneficios del fracking. Estados Unidos lo utiliza a gran escala desde hace más de una década, mientras que naciones europeas como Francia y Alemania han emitido prohibiciones. En América Latina, Argentina es el país que más ha desarrollado la técnica, en tanto que otros mantienen moratorias o restricciones.
Para los ciudadanos, una eventual reactivación tendría efectos directos en las regiones donde se realicen los pilotos, usualmente zonas con vocación petrolera. En esos territorios las comunidades han expresado tanto expectativas de empleo y regalías como preocupaciones por el impacto ambiental. La inclusión de un componente de medición independiente busca justamente responder a esa desconfianza, aunque su diseño concreto dependerá de los reglamentos que expida el gobierno.
El sector empresarial minero-energético ha sido uno de los que ha pedido condiciones claras para invertir en proyectos no convencionales. Con el anuncio, gremios como la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas podrían ver una señal de apertura para nuevas operaciones, aunque el alcance real dependerá de los actos administrativos que se expidan en los próximos meses.
Quedan varios puntos por definir. El gobierno no ha precisado cuántas zonas podrían habilitarse para los pilotos, ni los plazos, ni el origen de los recursos para financiar la medición independiente. También está pendiente el papel que jugará la Comisión Interdisciplinaria Independiente, creada en su momento para evaluar los proyectos piloto y cuyo funcionamiento ha sido intermitente.
La propuesta, tal como fue planteada por el gobierno entrante, deja abierta la puerta a un nuevo capítulo en el debate nacional sobre los hidrocarburos no convencionales. Su concreción dependerá de los próximos pasos regulatorios y de la respuesta que den las comunidades, los entes de control y la sociedad civil en las áreas potencialmente afectadas.