El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella avanza en una revisión de los esquemas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) asigna a distintas personas. Según fuentes de la entidad consultadas por un diario nacional, dentro de esa evaluación se concluyó que el esquema del exalcalde de Medellín Daniel Quintero es excesivo y será reducido en los próximos días. La confirmación llega por parte de la propia UNP, que aún no ha hecho pública la decisión.
La revisión se enmarca en la auditoría general que el nuevo Gobierno viene realizando sobre los recursos y los dispositivos de protección en el país. La UNP es la entidad encargada de asignar, modificar o retirar esquemas de seguridad a personas que enfrentan riesgos acreditados, entre ellas exfuncionarios, líderes sociales y testigos protegidos. El número de protegidos y los costos asociados a cada esquema han sido motivo de debate público en los últimos años.
El concepto de "sobreprotegido" que manejaron las fuentes significa que, según la valoración técnica de la UNP, el dispositivo actual asignado a Quintero supera lo necesario para el nivel de riesgo que registra. Esa valoración combina el análisis de amenazas, la trayectoria del beneficiario y el contexto regional. Cuando la UNP considera que hay exceso de medidas, puede ajustar el número de escoltas, los vehículos blindados o los apoyos tecnológicos asignados.
Daniel Quintero fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023 y tuvo un papel protagónico en la política nacional durante ese período. Tras dejar la alcaldía, su exposición pública se mantuvo alta y conserva un perfil visible en redes sociales y medios. Esa continuidad en la visibilidad suele ser un factor que las mesas de trabajo de la UNP consideran al momento de mantener, ajustar o retirar un esquema de seguridad.
La decisión final sobre el esquema de Quintero no se ha hecho oficial. Las fuentes citadas por el diario indicaron que la reducción se concretará una vez termine la fase actual de la evaluación, que incluye la revisión documental y una nueva valoración de riesgo. Hasta entonces, el dispositivo actual se mantiene operativo. La UNP no ha emitido un comunicado público sobre este caso puntual.
Este ajuste se inscribe en un contexto más amplio: el Gobierno de Abelardo de La Espriella ha señalado en distintas oportunidades la necesidad de revisar el gasto público y el uso eficiente de los recursos del Estado. En materia de seguridad personal, las modificaciones de esquemas suelen generar reacciones tanto de los directamente afectados como de sectores políticos que piden más transparencia en los criterios técnicos.
Por ahora, el caso Quintero es uno de los varios esquemas bajo revisión dentro de la UNP. El resultado de la auditoría y los criterios que se apliquen marcarán el rumbo de las próximas decisiones de la entidad, que tiene a su cargo la protección de miles de personas en todo el territorio nacional. El seguimiento de estos ajustes quedó abierto hasta que la UNP oficialice la nueva medida.