El Ministerio del Interior, en representación del Gobierno de Abelardo De La Espriella, puso este martes en manos de la Fiscalía General de la Nación el documento titulado “El libro de la verdad”. El texto reúne más de 80 casos que la actual administración considera posibles irregularidades cometidas en el manejo de recursos públicos durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro.
La entrega no se limitó a la Fiscalía. El mismo informe fue radicado ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, los dos organismos de control que, por mandato constitucional, tienen a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y disciplinaria del Estado. La idea, según explicó el Ejecutivo, es que sean estas entidades las que determinen si existen responsabilidades individuales o institucionales en los hechos denunciados.
El caso tiene un antecedente directo: el presidente De La Espriella había anunciado la semana pasada, durante uno de sus habituales consejos de Gobierno, que su administración venía preparando una relatoría detallada de los hallazgos que, a su juicio, dejaron las anteriores autoridades. La presentación del documento marca el paso formal de ese anuncio a una actuación ante los organismos de control.
La Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigar posibles conductas penales. La Procuraduría tiene competencia para investigar faltas disciplinarias de servidores públicos. La Contraloría, por su parte, está facultada para establecer si hubo detrimento patrimonial del Estado. Cada entidad deberá decidir, con base en el material entregado, si abre indagaciones preliminares, pesquisas formales o se abstiene de actuar.
El contenido del documento no se hizo público en su totalidad. El Gobierno se limitó a confirmar que agrupa más de 80 expedientes, relacionados con sectores como contratación pública, ejecución de obras y manejo de programas sociales. Algunos de los casos, según versiones recogidas por medios nacionales, tendrían relación con presuntas inconsistencias en licitaciones y con la suscripción de convenios con organizaciones privadas.
La entrega se produjo en un contexto de alta tensión entre el Ejecutivo y distintos sectores de la oposición. Sectores cercanos al Pacto Histórico han cuestionado la metodología con la que se recopiló la información y han señalado que varios de los hechos ya habían sido puestos en conocimiento de los organismos de control durante la propia administración Petro. El Gobierno, en respuesta, sostiene que se trata de una compilación técnica y verificable.
En el plano institucional, la actuación reitera la autonomía de los organismos de control frente al Ejecutivo. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen independencia para decidir cuándo y cómo investigar. Ninguna denuncia obliga a abrir un proceso, pero sí activa el deber de evaluar los hechos y pronunciarse dentro de los plazos legales.
Para la ciudadanía, el expediente abre la puerta a un nuevo ciclo de indagaciones sobre la gestión de recursos públicos de la última década. Si los organismos de control determinan que hubo irregularidades, las consecuencias podrían ir desde sanciones disciplinarias hasta imputaciones fiscales o penales, dependiendo de la naturaleza de cada caso y de la entidad competente.
Por ahora, la pelota está en la cancha de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. El Gobierno de De La Espriella cumplió con la entrega formal. Corresponde a los organismos de control decidir qué casos avanzan y cuáles se archivan, y notificar sus decisiones a la opinión pública conforme lo establece la ley.