El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, estudia una reformulación del esquema de precios del diésel en el país. La propuesta, reportada por Infobae, apunta a quitar el subsidio al Acpm que hoy cubre a los conductores particulares y a los vehículos diplomáticos y oficiales.
El Acpm es el combustible que mueve el transporte de carga por carretera, los buses intermunicipales y la mayoría de vehículos pesados del país. Desde hace años el Gobierno mantiene un precio diferenciado para ese combustible, financiado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que paga la diferencia entre el precio internacional y el valor interno.
Según el extracto publicado por Infobae, la reforma contemplada mantendría el apoyo estatal al transporte de carga y al de pasajeros. En otras palabras, los camioneros y las empresas de buses conservarían el precio subsidiado, mientras que los conductores de vehículos particulares y la flota diplomática y oficial quedarían expuestos al precio de mercado.
El impacto fiscal sería considerable. Infobae estima que eliminar el subsidio para esos dos segmentos generaría ahorros cercanos a 698.000 millones de pesos anuales en el Fepc. Se trata de un monto cercano a lo que el Fondo desembolsa cada año para cubrir el diferencial de precios del diésel.
En la práctica, la medida significa que el tanqueo de un carro de uso personal, de una camioneta de servicio oficial o de un automotor diplomático pasaría a pagarse a precio internacional, descontando los impuestos y los márgenes de distribución. Hoy, en cambio, esos vehículos acceden al Acpm al valor subsidiado que rigen las estaciones de servicio.
La decisión todavía está en estudio, de acuerdo con lo informado por Infobae. El gobierno no ha confirmado públicamente el contenido del decreto ni la fecha en la que se expediría, ni los criterios técnicos que se aplicarían para diferenciar a los beneficiarios actuales de quienes quedarían por fuera.
Para los ciudadanos, los efectos se concentrarían en el costo de llenar el tanque de un vehículo particular a diésel, un segmento que en Colombia incluye camionetas, camionetas de servicio y algunos turismos. El sector productivo, en cambio, no vería alterado su esquema actual de precios del combustible.
El Fepc, creado en 2007, es el instrumento con el que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía cubren las diferencias entre los precios de referencia internacionales de la gasolina y el Acpm, y los precios internos. Su sostenibilidad financiera ha sido objeto de debate en los últimos años por el aumento del diferencial que debe asumir.
Queda pendiente conocer los detalles del decreto o del proyecto que formalice la medida, así como la respuesta de los gremios transportistas y de los sectores que quedarían excluidos del beneficio, además del cronograma de implementación que defina el Ministerio de Minas y Energía.