El presidente Abelardo de la Espriella firmó la Resolución 429 de 2026, mediante la cual revoca el nombramiento que el gobierno de Gustavo Petro había otorgado en 2023 al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, según reportó La Opinión. Con ese acto administrativo, el vínculo formal del exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia con la estructura de diálogo del Estado queda sin efecto.
La figura de gestor de paz fue utilizada por distintas administraciones para vincular a excombatientes a procesos de diálogo con estructuras armadas, bajo parámetros definidos por el ordenamiento jurídico colombiano. Mancuno había sido designado en esa condición durante el gobierno anterior, lo que le permitió participar en escenarios de interlocución y de aportes a la verdad sobre el paramilitarismo.
Mancuso es uno de los exjefes paramilitares más conocidos del país. Su nombre aparece asociado a la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia y a múltiples procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos. A lo largo de los años ha sostenido distintas versiones sobre su rol y sus responsabilidades en el conflicto armado, y su situación jurídica ha sido objeto de decisiones en Colombia y en el extranjero.
Con la revocatoria de la Resolución 429, el gobierno de De la Espriella marca una distancia respecto del tratamiento que la administración anterior dio a Mancuso. Se trata de uno de los primeros actos del nuevo Ejecutivo con impacto directo sobre el andamiaje del proceso de paz y sobre los compromisos heredados de la etapa previa.
La decisión se inscribe en una revisión más amplia del esquema de gestores de paz que la nueva administración viene adelantado. Aunque el alcance exacto de esa revisión no se detalla en el extracto, la revocatoria de Mancuso sugiere un viraje en la política de vinculación de excombatientes a procesos de diálogo.
Para los sectores que impulsaron la designación en 2023, la revocatoria implica la pérdida de un canal formal con un actor relevante del paramilitarismo. Para los sectores críticos de esa designación, la decisión representa una corrección frente a un nombramiento que consideraban inconveniente para el proceso de paz.
La ciudadanía observa este tipo de decisiones con atención, porque los gestores de paz cumplen funciones públicas relacionadas con la verdad, la reconciliación y la reincorporación. Cambiar las reglas de juego para un actor específico tiene consecuencias sobre la credibilidad y la continuidad de los compromisos asumidos.
Lo que sigue ahora es la notificación formal al exjefe paramilitar y la definición de su situación dentro del proceso de paz. También queda pendiente la respuesta de Mancuso y de los sectores que intervinieron en su designación, así como la posición de los mecanismos de verificación del proceso.