El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1368 de 2026, mediante el cual se restablece la eficacia de los permisos individuales vigentes para el porte de armas en Colombia. La decisión deja sin efecto la suspensión general que se aplicaba sobre estos documentos y devuelve a cada permiso su validez plena, según lo dispuesto en el texto del decreto, de acuerdo con la información publicada por El País.
El porte de armas en Colombia es una actividad regulada por el Estado, que exige a los ciudadanos cumplir requisitos legales, psicológicos y de antecedentes para obtener un permiso ante la autoridad competente. Esa regulación ha tenido variaciones a lo largo de los años, con periodos de suspensión parcial o total, según las condiciones de seguridad y la política de cada gobierno. El Decreto 1368 de 2026 se inscribe en esa línea de modificaciones al régimen vigente.
Hasta la expedición de este decreto, los permisos individuales existentes no podían ejercerse plenamente debido a la suspensión ordenada previamente. Con la nueva norma, los titulares que tengan su permiso al día y que no hayan sido objeto de revocatoria pueden volver a portar el arma en las condiciones y lugares establecidos por la ley, una vez se surtan los trámites administrativos que correspondan ante las autoridades encargadas del control de armas.
La medida tiene efectos directos sobre los ciudadanos que cuentan con este tipo de permisos, entre ellos miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro, deportistas de tiro, coleccionistas registrados y personas naturales que acreditaron los requisitos legales para portar un arma de defensa personal. Para todos ellos, el cambio significa la recuperación de un derecho que estaba suspendido y la posibilidad de ejercerlo dentro del marco normativo.
El restablecimiento de los permisos también tiene implicaciones en materia de seguridad ciudadana. Organizaciones civiles y expertos en la materia han señalado que la decisión exige un control riguroso por parte de las autoridades, para verificar que los beneficiarios cumplan las condiciones vigentes y para evitar que armas legales terminen en circuitos no permitidos. La trazabilidad y la fiscalización pasan a ser elementos centrales del nuevo escenario.
El gobierno nacional no ha detallado en esta primera etapa los ajustes administrativos que deberán adelantar las dependencias encargadas de expedir y supervisar los permisos. Se espera que en los próximos días se conozca la reglamentación complementaria, los protocolos de verificación y los plazos que tendrán los titulares para actualizar sus datos ante la autoridad competente.
La decisión se conoce en un contexto de debate nacional sobre la política de armas y los niveles de violencia en distintas regiones del país. Sectores políticos y sociales suelen dividir sus opiniones frente a este tipo de medidas: algunos piden mayores restricciones, mientras otros consideran que el porte responsable, con controles efectivos, puede ser una herramienta válida de defensa personal.
La fuente consultada, El País de Cali, destaca que el Decreto 1368 de 2026 entra a modificar de manera sustancial el régimen de uso individual de armas en el país. Los ciudadanos interesados en conocer el alcance exacto del beneficio deberán consultar el texto completo del decreto y los lineamientos que publique el Ministerio de Defensa y la autoridad de control de armas sobre el proceso de reactivación de los permisos suspendidos.