El Ejecutivo salió al paso de las versiones que aseguraban que se alistaba un decreto para aplicar retiro forzoso a servidores públicos que ya estuvieran pensionados. Según la información conocida, no existe un texto en preparación sobre ese tema, como reportó el medio CAMBIO Colombia.
El retiro forzoso es una figura legal prevista en la normatividad colombiana para los funcionarios que cumplen los requisitos de pensión y han alcanzado la edad establecida por la ley. Su aplicación ha sido un tema recurrente en distintos gobiernos, que han buscado ajustar el tamaño del Estado.
En administraciones pasadas, propuestas similares generaron debates sobre la renovación del talento humano, la protección de derechos adquiridos y el impacto fiscal de la nómina pública. El tema suele reactivarse cuando se discuten reformas al empleo estatal o ajustes al gasto.
La aclaración del gobierno se conoce en un momento en que el gabinete trabaja en la definición de prioridades de la nueva administración. Varios sectores han pedido señales de transparencia sobre los cambios que se avecinan en la estructura del Estado.
Voceros oficiales han insistido en que cualquier transformación de la planta de personal pasará por los canales legales y será socializada antes de su expedición. La Constitución y la ley establecen garantías para los servidores públicos frente a modificaciones de esa naturaleza.
Desde el sindicalismo y las organizaciones de servidores del Estado suelen cuestionar los retiros masivos por considerar que afectan la estabilidad laboral y la memoria institucional. Los defensores de la medida argumentan que permite oxigenar la administración y reducir el gasto.
Por ahora, la administración de De la Espriella descarta haber dado instrucciones para preparar un decreto con ese contenido. El tema queda en observación, a la espera de que el Ejecutivo precise sus planes en materia de empleo público y reforma a la estructura estatal.
CAMBIO Colombia, que publicó la aclaración, no reportó un pronunciamiento adicional sobre si el gobierno evalúa otras formas de ajuste de la nómina estatal. La discusión, sin embargo, sigue abierta en el debate público sobre el tamaño y el costo del Estado colombiano.