La reunión se realizó en Washington, en medio de la visita de una delegación del gobierno entrante colombiano a la capital de Estados Unidos. El anuncio central fue que la administración de Abelardo de la Espriella retirará el apoyo que Colombia había presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en respaldo a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, según informó Caracol Radio.
Colombia había intervenido ante la CIJ como Estado que presentó una declaración de intervención en el caso iniciado por Sudáfrica en diciembre de 2023, tras el escalamiento del conflicto en la Franja de Gaza. Bajo el gobierno saliente de Gustavo Petro, el país asumió una postura crítica frente a la ofensiva militar israelí y se sumó al grupo de naciones que pidieron medidas cautelares y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Con el cambio de gobierno, la nueva administración de De la Espriella replantea esa posición. Según la fuente, la decisión de retirar el apoyo se dio a conocer durante el encuentro en Washington, lo que marca un giro en la política exterior colombiana frente a la jurisdicción internacional y al conflicto en Medio Oriente.
El retiro de la intervención implica que Colombia deja de figurar como parte interesada en el proceso ante la CIJ. La demanda de Sudáfrica contra Israel sigue su curso en el tribunal con sede en La Haya, donde ya se han dictado medidas provisionales y se tramitan las fases de fondo del caso.
Para la Cancillería y el cuerpo diplomático colombiano, esta decisión representa un ajuste de prioridades en la agenda bilateral con Estados Unidos, principal socio estratégico de Colombia en materia comercial, de seguridad y cooperación. El acercamiento con Washington ha sido una de las líneas visibles del equipo de transición de De la Espriella durante las semanas previas a la posesión.
En el plano interno, la medida reabre el debate sobre los límites entre la política exterior y los compromisos en derechos humanos asumidos ante instancias multilaterales. Organizaciones de derechos humanos y sectores académicos suelen señalar que la Convención sobre Genocidio impone obligaciones erga omnes, es decir, frente a toda la comunidad internacional, independientemente del gobierno de turno.
La oposición y los defensores de la decisión argumentan, por su parte, que la intervención ante la CIJ fue una decisión política del gobierno anterior y que el nuevo Ejecutivo tiene la facultad de reorientar la postura internacional del país. La fuente consultada no detalla reacciones de otros gobiernos ni de la CIJ tras el anuncio.
Queda pendiente conocer los tiempos y el mecanismo formal del retiro. Las intervenciones ante la CIJ se tramitan mediante declaraciones escritas y, en algunos casos, audiencias públicas. También está por verse si la decisión se acompaña de un cambio más amplio en la postura de Colombia frente al conflicto en Gaza y en la relación con los países que han apoyado la demanda sudafricana.
Hasta ahora, el único registro público del anuncio proviene de Caracol Radio, medio que reportó la reunión en Washington. La transición de gobierno en Colombia se encuentra en su etapa final, con la posesión presidencial prevista para los próximos días.