La administración del presidente Abelardo de la Espriella presentó el Libro de la Verdad, un documento en el que reunió un conjunto de observaciones sobre el manejo de la política de tierras en el período inmediatamente anterior. La publicación detalla presuntas anomalías en el proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno de Gustavo Petro.
Según lo extractado por el medio Infobae, el escrito sostiene que la administración saliente promovió una ocupación de tierras sin las garantías jurídicas necesarias para los campesinos beneficiarios. La advertencia central apunta a la ausencia de títulos formales que acrediten la propiedad sobre los predios asignados.
La reforma agraria fue uno de los ejes de la administración de Petro. El programa buscaba redistribuir tierras a familias campesinas como mecanismo de reducción de la desigualdad rural y de impulso a la producción agropecuaria. La entrega de baldíos y la compra de tierras a privados fueron algunas de las vías utilizadas para ese propósito.
El cuestionamiento del actual gobierno se concentra en dos puntos. El primero es la posible ocupación irregular de predios sin el cumplimiento pleno de los requisitos legales. El segundo es la falta de documentación que respalde la tenencia de los terrenos por parte de los beneficiarios, lo que podría traducirse en inseguridad jurídica para quienes recibieron esas parcelas.
La figura del Libro de la Verdad recuerda a ejercicios similares adelantados por administraciones previas en Colombia, en los que un gobierno entrante consigna por escrito su lectura sobre las decisiones del gobierno saliente. Estos documentos suelen servir como insumo para posteriores procesos de control fiscal, disciplinario o penal, dependiendo de la gravedad de los hallazgos.
Para los campesinos que recibieron tierras durante el período anterior, la situación abre un escenario de incertidumbre. Si las anomalías señaladas se confirman, los beneficiarios podrían enfrentar problemas para acreditar la legítima posesión de sus predios, acceder a crédito agropecuario o formalizar contratos de producción.
Desde el punto de vista institucional, la denuncia obliga a responder a entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y los organismos de control. La actual administración deberá precisar si activará investigaciones administrativas o si trasladará los hallazgos a la Fiscalía y a la Contraloría.
El gobierno de Petro aún no se pronunció de manera pública sobre el contenido del Libro de la Verdad, según la información disponible en el extracto. Sectores cercanos a la pasada administración han señalado, en otras ocasiones, que la reforma agraria avanzó dentro del marco legal vigente y que los procesos de titulación se encontraban en curso.
El paso inmediato será la revisión detallada del documento por parte de los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras. También se espera que el Congreso cite a debate de control político a los funcionarios del área, como suele ocurrir cuando se denuncian presuntas irregularidades de esta magnitud.
Por ahora, la revelación instala un debate nacional sobre la transparencia en la política de tierras y sobre los efectos que una reforma de ese tamaño puede tener cuando la velocidad de la entrega no se acompaña con la misma velocidad en la formalización documental.