El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció una revisión integral del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. La decisión se enmarca en la evaluación de los resultados obtenidos durante una década de implementación, según reportó La Opinión.
La propuesta del Ejecutivo será presentada ante la Organización de las Naciones Unidas, lo que sitúa el debate en un escenario multilateral. La revisión, de acuerdo con la información publicada por el medio citado, abarcará cuatro ejes centrales: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el proceso de reincorporación de excombatientes y la reforma rural integral.
El Acuerdo de Paz de 2016 incluyó seis puntos negociados en La Habana: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de implementación. La revisión anunciada por el gobierno se concentra en cuatro de esos seis puntos, los vinculados de manera más directa con la transformación territorial y la reinserción de los desmovilizados.
Los PDET, creados por el Acuerdo, son planes de desarrollo regional con participación comunitaria que se aplican en 170 municipios del país, distribuidos en 16 subregiones, con alta incidencia del conflicto armado. El PNIS, por su parte, ofreció alternativas económicas a familias campesinas que sustituyeran voluntariamente los cultivos de coca, y la reincorporación agrupa las estrategias para que exmiembros de las FARC transiten a la vida legal.
En el contexto institucional, la revisión anunciada ocurre en un momento en el que la implementación del Acuerdo enfrenta cuestionamientos de distintos sectores. Organizaciones internacionales, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad han producido informes sobre avances y rezagos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia de Reincorporación mantienen el seguimiento de los compromisos pendientes.
La decisión de llevar la propuesta ante la ONU abre un canal diplomático para que la comunidad internacional conozca la posición del nuevo gobierno. Según la fuente, este es el primer paso formal de un proceso que podría modificar las prioridades y los cronogramas de los programas surgidos del Acuerdo, en un país donde cerca de 7 millones de víctimas han sido registradas por el conflicto armado.
Para la ciudadanía, los programas incluidos en la revisión tienen efectos directos en zonas rurales afectadas por la violencia y los cultivos de uso ilícito. Familias campesinas, excombatientes en proceso de reincorporación, líderes sociales y comunidades étnicas han sido los principales interlocutores y beneficiarios de estas políticas durante los últimos años.
Quedan pendientes varios elementos del proceso. La fuente consultada no precisa la fecha en que se radicará la propuesta ante el organismo multilateral, ni el alcance exacto de los ajustes que el gobierno pretende impulsar en cada uno de los cuatro ejes. Tampoco se detallan los mecanismos de participación que tendrán las comunidades y las víctimas en la revisión anunciada.
El siguiente paso, según el cronograma implícito en el anuncio, será la presentación formal del documento ante las Naciones Unidas. A partir de esa radicación, el gobierno deberá definir la hoja de ruta para los ajustes en PDET, PNIS, reincorporación y reforma rural, con el respaldo o las observaciones de los organismos internacionales que hacen seguimiento al Acuerdo.