El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, revocó la designación de los representantes que adelantaban las conversaciones de paz con el ELN, según reportó El Heraldo. La misma decisión se extendió a los negociadores con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.
La revocación implica que los enviados oficiales dejan formalmente sus funciones en ambas mesas, al menos en su composición actual. Hasta el momento de la publicación, El Heraldo no había detallado los nombres de los negociadores afectados ni las razones específicas del retiro, un vacío que será determinante para evaluar el rumbo de los diálogos.
El ELN es la guerrilla activa más antigua de Colombia y sostiene una mesa de diálogos que arrancó formalmente en 2022, luego de intentos previos que se interrumpieron en varias ocasiones. La mesa había logrado avances parciales en ciclos anteriores, aunque también atravesó crisis por hechos violentos atribuidos a esa organización.
Por su parte, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, es la principal estructura narcoparamilitar del país y fue reconocido como grupo armado organizado por el gobierno nacional para efectos del proceso. Con esa organización se abrió una mesa formal de conversaciones, un hecho sin precedentes en la historia reciente.
La decisión del gobierno cambia el mapa político de ambas conversaciones. Sin negociadores designados, las mesas quedan técnicamente acéfalas en su representación oficial, lo que abre interrogantes sobre si los diálogos se suspenden, entran en pausa o se recomponen con nuevos enviados.
Para los territorios donde operan ambos grupos, la noticia tiene efectos prácticos. En regiones con presencia del ELN y del Clan del Golfo, la población civil suele depender de los acuerdos humanitarios, los ceses al fuego y las comisiones de verificación para reducir la violencia. Un reacomodo en las mesas puede traducirse en retrocesos en esas garantías.
Sectores que han acompañado las mesas pidieron prontidad en los anuncios. Organizaciones de víctimas y líderes sociales que participan como observadores o garantes suelen reaccionar cuando se mueve la composición de los equipos negociadores, pues los cambios alteran la confianza acumulada con las comunidades.
La revocación llega además en un contexto de debate público sobre el rumbo de la política de paz. Críticos y defensores del proceso suelen coincidir en que la continuidad o el relevo de los negociadores es una señal política sobre la prioridad que el Ejecutivo otorga a las conversaciones.
El gobierno aún no ha comunicado públicamente los motivos de la decisión ni los nombres de quienes podrían asumir la tarea. Tampoco se conoce si los ciclos de diálogo que estaban en curso fueron suspendidos o si se reanudarán con una delegación distinta. El Heraldo publicó la información y el observatorio sigue la evolución del caso.