El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, según informó CAMBIO Colombia. La medida deja sin efecto el rol que el exjefe paramilitar venía cumpliendo en el marco de la política de Justicia Transicional.
La figura de gestor de paz fue creada para que personas con conocimiento directo del conflicto armado colombiano aporten a la reconciliación y al cumplimiento de los acuerdos suscritos con grupos armados. Mancuso fue uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (ACU), desmovilizadas a mediados de la década de 2000, y ha estado vinculado a procesos de colaboración con la justicia transicional.
Con la revocatoria, el Ejecutivo redefine la participación del exjefe paramilitar en las mesas de trabajo y en las instancias creadas para articular a excombatientes, víctimas y comunidades. La decisión se conoce en un contexto de revisión de los compromisos adquiridos en el marco de la Ley de Justicia y Paz y de los diálogos que se desarrollan en distintas regiones del país.
La determinación impacta de manera directa a las comunidades que esperaban avanzar en procesos de reparación y esclarecimiento de la verdad con el concurso de Mancuso. También modifica la interlocución que sostienen las organizaciones de víctimas y los exintegrantes de estructuras paramilitares que entregaron sus armas en los procesos de desmovilización colectiva.
En el ámbito institucional, la revocatoria abre un vacío sobre quién asumirá las tareas de enlace territorial que el excomandante venía cumpliendo. El gobierno no ha detallado, hasta ahora, si habrá un reemplazo inmediato o si las funciones asignadas serán redistribuidas entre las entidades ya existentes en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Organizaciones de derechos humanos y voceros de víctimas suelen recordar que los gestores de paz deben cumplir requisitos de verdad, reparación y no repetición. Cualquier modificación en su estatus, señalan, debe acompañarse de mecanismos que garanticen la continuidad de los compromisos asumidos con las víctimas.
La decisión del gobierno se conoce en medio del seguimiento que hacen distintos organismos nacionales e internacionales a los avances y retrocesos del proceso de Justicia y Paz. El paso dado por el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el alcance de la participación política y judicial de los antiguos comandantes paramilitares.
Queda por definirse si la revocatoria abre la puerta a nuevas designaciones, si Mancuso enfrentará un nuevo escenario jurídico o si el gobierno abrirá un espacio formal para evaluar la continuidad de su colaboración. El contenido de la decisión y sus efectos prácticos sobre las mesas territoriales serán los próximos puntos que deberán resolverse.